El diputado Casero va al banquillo y compromete los planes de García Egea

El Tribunal Supremo puede haber dado este viernes de marzo la puntilla a la carrera política se Teodoro García Egea. Eso, cuando fuentes de su entorno llevan meses filtrando que podría ser diputado del PP "mientras él quisiera". Sin embargo, las peripecias judiciales -sumadas a las parlamentarias"- de quien fue su mano derecha en Génova 13 en la etapa de Pablo Casado, el polémico Alberto Casero, acaban de poner en cuarentena sus planes de futuro en la política.

El magistrado instructor del Supremo Andrés Palomo ha acordado proceder contra el diputado del PP Casero por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación a cinco contratos que firmó cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018 sin sujetarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos.

En su auto de pase a procedimiento abreviado, el magistrado da diez días a la Fiscalía para que solicite la apertura de juicio oral formulando su escrito de acusación o pidiendo el archivo.

Tras conocer la decisión judicial, Casero anunció a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular y secretaria general del PP, Cuca Gamarra, su renuncia al acta de diputado "para evitar cualquier daño que su situación pueda producir al partido". Esta decisión la ha adoptado de manera voluntaria, antes de que le haya sido notificado el auto del juez instructor. Horas antes, Casero

ya había pedido la suspensión de militancia en su formación.

En concreto, el magistrado Palomo ha acordado procesar a Casero por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación a cinco contratos que firmó cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018 sin sujetarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos.

El magistrado explica en su resolución que los hechos atribuidos al exsecretario de Organización de Pablo Casado "están relacionados con actuaciones realizadas en su condición de alcalde del Ayuntamiento de Trujillo y órgano de contratación en el mismo entre marzo de 2017 y diciembre de 2018 al concertar con diferentes personas y entidades contratos de servicio, patrocinio o convenios, incumpliendo todo tipo de formalidad exigida al efecto por la normativa".

Para el juez del Supremo, la conducta de Casero encaja dentro del delito de prevaricación administrativa. "No solo supone reiteradas y admitidas irregularidades, sino un modo de proceder del aforado que identifica su voluntarismo al margen de cualquier interpretación con un resquicio de racionalidad del ordenamiento jurídico", apunta.

Y añade que se dieron "vedadas contrataciones verbales o sin tramitación ni publicidad alguna en los supuestos que la cuantía lo requería, elusión de los mecanismos de control, asunción directa de pagos por la integridad de los servicios que además de periódicos se prestaban a entidad en la que el municipio sólo era una parte".

Por otro lado, el instructor considera que los hechos encajan también en un delito de malversación de caudales públicos del artículo 432 del Código Penal con la redacción vigente en el momento de los hechos. Éste, "sancionaba a la autoridad o funcionario público que con ánimo de lucro sustrajere los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones".