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Doñana sí se toca: lo que Sánchez no cuenta de su gestión del Parque Nacional

El Gobierno socialista ha legalizado recientemente decenas de pozos en el entorno del Parque y la Junta gobernada por el PSOE miró para otro lado durante décadas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una visita al Parque Nacional de Doñana en diciembre de 2022

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una visita al Parque Nacional de Doñana en diciembre de 2022

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Pedro Sánchez anda buscando a la desesperada a qué agarrarse para frenar la caída que, según todas las encuestas, le espera el 28-M. Y cree que ha encontrado un nuevo Prestige en Doñana o al menos lo intenta. La táctica es convertir aquel “Nunca mais” en un “Doñana no se toca”. Pero la mentira tiene las partas muy corta. Si alguien ha tocado Doñana es precisamente el PSOE, tanto desde el Gobierno central como desde el de la Junta de Andalucía en el que permaneció de forma ininterrumpida durante 35 años.

Tal y como ya hemos publicado en ESdiario, el Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera, la que llama “señorito” al presidente de la Junta, Juanma Moreno, autorizó el año pasado 13 pozos para riego de campos de fresa en el entorno de Doñana y regularizó 544 más en 2020 a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente de su Ministerio. No cabe más cinismo.


Pero no acaba ahí la cosa. En 2014 se aprobó el llamado Plan de la fresa en el Parlamento de Andalucía, impulsado por el PSOE y el Gobierno socialista de la Junta. El plan legalizó alrededor de 10.000 hectáreas de cultivo de fresa en la misma zona donde ahora el PP y el Ejecutivo de Juanma Moreno pretenden regularizar 750 hectáreas. Lo que entonces fue una solución aceptada por todos hoy, con una extensión mucho menor, hoy es “acabar con Doñana” o convertirla en un “desierto”. Más cinismo.

Aquel plan de 2014, con la socialista Susana Díaz al frente del Gobierno regional, contemplaba la eliminación de los cultivos ilegales que se quedaron fuera y que ahora, con la nueva ley, se pretenden regularizar. Durante 4 años el Gobierno del PSOE no hizo nada al respecto, miró para otro lado, tal y como le recordó la asociación ecologista WWF en un informe publicado en diciembre de 2019.

“Concluimos que, a diciembre de 2019, de las 30 medidas a corto plazo, más del 80% no han sido ejecutadas en su totalidad por la Junta de Andalucía. Medidas como la eliminación de las fincas en situación irregular fuera de suelos agrícolas regables o la recuperación de superficie forestal transformada sin permiso a cultivos bajo plástico. Además, el informe concluye que no se ha reducido la superficie de regadíos ilegales”, dicen los ecologistas.

El Ministerio para la Transición Ecológica autorizó el año pasado 13 pozos para riego de campos de fresa en el entorno de Doñana y regularizó 544 más en 2020 a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

Ahora, el Gobierno de Juanma Moreno y el PP están intentado dar solución a esos cultivos ilegales. De hecho, el consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, intentó sin éxito reunirse con el Gobierno de Sánchez para buscar una salida consensuada a ese problema de los cultivos ilegales sobre el que la Junta gobernada por el PSOE no había hecho nada durante años.

En concreto el consejero intentó reunirse sin éxito con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que faltó reiteradamente a su compromiso de buscar un acuerdo. Ni lo intentó. Así se lo reprochó por carta el consejero.

Además de cinismo, mentiras

Ahora, el. Y lo hacen, además de con cinismo e hipocresía, con varias mentiras. Es falso por completo que la ley que promueve el PP para ampliar la zona de regadío en las inmediaciones (a más de 30 km) del Parque Nacional regularice pozos ilegales. En concreto regulariza cero extracciones de agua del subsuelo ya que no tiene siquiera las competencias para hacerlo. Están en manos de la Confederación Hidrográfica que depende del Ministerio de Transición Ecológica.

La ley que ha llegado al Parlamento de Andalucía sólo permite regar con aguas superficiales que deben llegar gracias a un trasvase desde el Tinto-Odiel-Piedras de 20 hm cúbicos que depende de unas obras ya aprobadas hace años pero que el Gobierno de Sánchez no ha ejecutado. Desde el PSOE se argumenta que aunque se haga el trasvase no hay agua suficiente para ampliar el regadío, que los 20 hectómetros cúbicos están previstos sólo para los campos de fresa que ya existen de manera legal. Falso.

Las normas de explotación del trasvase y el reparto de esos 20 hectómetros cúbicos de agua se deben acordar en el seno de una Comisión Técnica que está creada desde junio de 2022 pero que hasta la fecha no se ha reunido ni una sola vez. Así pues es imposible afirmar que esas 750 hectáreas que se pretenden regularizar se vayan a quedar sin agua.

Para lo que sí hay agua, por cierto, es para llenar la piscina y regar el extenso césped del Palacio de las Marismillas, en pleno corazón de Doñana, que utiliza Pedro Sánchez en vacaciones para su disfrute personal. Él sí toca Doñana, es el único español que lo disfruta, y su Gobierno manosea el Parque Nacional con cinismo, hipocresía, mentiras y dejación de funciones.

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