Todas las mentiras de Pedro Sánchez sobre las viviendas públicas prometidas

Estamos en campaña electoral y se nota. Desde el Gobierno de Pedro Sánchez ya han puesto el ventilador de promesas imposibles, demagogia varia y mentiras sin sonrojarse a toda potencia. Todo lo que haga falta para tratar de revertir la caída libre del PSOE que destilan, a excepción del CIS del socialista Tezanos, todas las encuestas.

Tras el anuncio de acuerdo entre el PSOE, Unidas Podemos, ERC y Bildu para sacar adelante la Ley de Vivienda, dos años después de haber comenzado las negociaciones y con sustanciales cambios con respecto al borrador inicial, Pedro Sánchez ha querido ir más allá y anunció -sin previo aviso a Unidas Podemos- que el Consejo de Ministros aprobará un plan que destinará al alquiler social hasta 50.000 viviendas de la Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria. Y se fijó el objetivo, además, de elevar desde el actual 3% hasta un 20% el parque de pisos públicos en España.

El problema de tal promesa es que ni las 50.000 viviendas existen en su totalidad, ni podrá llegar a ese 20% de construcción de vivienda pública, con suerte, hasta 2050, ni, en suma, la intervencionista Ley de Vivienda -tal y como alertan los expertos- tendrá los efectos deseados.

Las 50.000 viviendas públicas prometidas por Sánchez

“Nosotros, en lugar de provocar problemones, con fracasos estruendosos como fue la política de vivienda del Partido Popular, lo que hacemos es construir soluciones”, aseguró Pedro Sánchez previo anuncio de su “determinación de ir más allá y movilizar hasta 50.000 viviendas para el alquiler a un precio asequible por debajo del de mercado”.

Para empezar, en cinco años de gobierno de Pedro Sánchez no se ha construido ninguna vivienda social. Ni una. Anuncio que, enmarcado en la antesala de unos comicios autonómicos y municipales, y en palabras del portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, tiene un claro “tufillo electoral”.

Más allá de si es o no una promesa electoralista y de que, en cinco años, los de PSOE, Unidas Podemos y sus habituales socios no hicieron nada para revertir el “problemón” de la vivienda y cuya solución ahora califican desde La Moncloa de “bombazo”, el verdadero problemón es que no han contado toda la verdad.

El 60% de esas viviendas que dispone la Sareb, conocido como el banco malo por ser el contenedor creado a instancias de Bruselas donde los bancos y el Estado han acumulado los activos financieros que se consideraban tóxicos, no están en las zonas tensionadas, esto es, en las grandes ciudades donde, en efecto, los precios de los alquileres están por las nubes.

En la Comunidad de Madrid, verbigracia, la Sareb tiene 2.900 viviendas, 500 obras en proceso y 1.130 suelos, apróximadamente. Cataluña, por su parte, tiene 12.700 viviendas, 3.780 obras en proceso y otros 3.100 locales. Por tanto, en datos de la propia Sareb, hay un total de 15.600 viviendas entre Cataluña y la Comunidad de Madrid para tratar de solucionar el “problemón”. Concretamente, una tercera parte del total. Huelga decir que esta solución es, consecuentemente, insuficientes.

Desde ESdiario nos hemos puesto en contacto con el economista Iván Campuzano quien califica la promesa de Sánchez como un “brindis al sol”.

“La gente no va a coger una vivienda en El Burgo de Osma o en Tarancón. La gente donde realmente está encontrando el problema para pagar alquiler son en las grandes capitales, véase en Barcelona, véase Madrid, véase Valencia. Y claro, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues si vemos cuántas viviendas posee la Sareb, en Madrid posee 8189 viviendas. Si alguien cree, o si el Gobierno cree, o si Pedro Sánchez cree, que con 8189 viviendas en Madrid realmente se va a solucionar el problema del alquiler, la verdad es que me parece realmente iluso”.

Y alerta el economista de otro problema relevante:

“También tenemos que pensar que aquí cada vivienda no se adapta a la unidad familiar, es decir, a uno le valdrá con 20 metros cuadrados, pero el que tenga una mujer y dos hijos pues no le va a valer con 25 metros cuadrados”.

Elevar al 20% el parque de pisos públicos en España

Muchas son las preguntas pero pocas las respuestas del Gobierno. ¿Quién va a cobrar el precio del alquiler: la Sareb o el Gobierno? ¿A qué precio se pondrá la vivienda social? ¿Qué tipo de contrato se le va a hacer a los inquilinos?

La otra promesa de Pedro Sánchez es la de elevar del actual 3% al 20% el parque de pisos públicos en España. Y aunque el Presidente del Gobierno no lo dijo, alcanzar ese 20% supone el tener que construir más de tres millones de viviendas públicas. Es decir, en el mejor de los casos, allá por el año 2050 se acabaría, alertan expertos como Daniel Lacalle, de construir tal cantidad de viviendas.

Y esas construcciones, ¿quién las hará? ¿El Gobierno o alguna empresa privada de las que tanto aborrece el Ejecutivo de Pedro Sánchez? Y, la pregunta del millón, ¿sobre qué suelo se construirán? Porque el grosso del suelo para destinarlo a vivienda pública pertenece a las Comunidades Autónomas o a los Ayuntamientos, no al Gobierno central. Esto, a su vez, nos arroja otra pregunta: ¿cómo conseguirá ese suelo el Gobierno, vía transferencia a las CCAA? Si está pensando el Gobierno, por tanto, en transferir fondos a las regiones para que ejecuten la construcción de viviendas, la experiencia presume el resultado final: las Comunidades del PSOE recibirán más fondos que las del PP -si es que reciben alguno- y lo acabarán convirtiendo en toda una artimaña de marketing electoral.

La Ley de Vivienda: el gran problemón

El Gobierno de España aprobó hace poco más de un año un real decreto-ley para evitar que los contratos de arrendamiento en vigor se actualizasen con el IPC durante 2022. Para lograrlo, establecieron, recordemos, un tope del 2% a estas subidas, medida que el Consejo de Ministros acabó prorrogando en el 2023. Ahora, según ERC y Bildu, los autoproclamados portavoces de la Ley de Vivienda del Gobierno, este límite se situará en el 3% en 2024 y, a partir de 2025, se empleará un índice de nueva creación cuyo cálculo se desconoce. El objetivo: que las revisiones anuales dejen de estar vinculadas al IPC. De hecho, da igual que arrendador y arrendatario hubieran firmado en su día la actualización del alquiler al IPC pues esta se trata de una norma de rango superior que marca límites diferentes.

En palabras del economista consultado por ESdiario,

“la gente que tiene viviendas y que tiene ahora mismo una vivienda en alquiler, son los primeros que van a sufrir esta Ley intervencionista. Y no estoy hablando precisamente de grandes empresas, sino aquella persona que, por ejemplo, ha heredado un piso de un padre que haya fallecido, de un primo, de un tío”.

Y, además, la Ley carece de solidez y concreción: primero, porque la Ley de Vivienda se basa en un concepto, el de zona tensionada, todavía no definido -no se sabe a qué se refiere el Gobierno-; y, segundo, porque no sabemos todavía qué índice usará el INE para calcular el aumento de los precios.

Todo indica que, como tantas promesas de Pedro Sánchez, bien no se cumplirán o bien su resultado será contraproducente.