Sánchez ha legalizado el riego de la mitad de los cultivos de Doñana

Pedro Sánchez se proclama adalid de la lucha contra las licencias de riego en Doñana, pero ha dado luz verde durante su mandato a decenas de extracciones subterráneas, las más dañinas (7,3 millones de metros cúbicos anuales).

Su gobierno ha legalizado hasta 2022 más de 2.100 hectáreas de explotación agrícola que beben de aguas del parque. Casi la mitad de la superficie agrícola bajo plástico censada en 2022 junto a Doñana (5.521 hectáreas).

El Defensor del Pueblo en 2018 pidió que declarase tres masas de agua de acuíferos de Doñana “sobreexplotados y que aprobase un programa de actuación para ordenar las extracciones de agua”.

La Unión Europea condenó tal saqueo hidríco en 2021, pero su Ejecutivo no ha cesado de legalizar concesiones para uso agrícola de aguas superficiales o subterráneas de Doñana, pese a las alertas de sus expertos. Véanse ejemplos.

-Septiembre de 2018, “entrega a la Comunidad de Regantes de El Fresno de la concesión definitiva de aguas superficiales para sus 496 hectáreas, tras años de autorizaciones temporales y promesas incumplidas”.

- Febrero de 2022, aprueba el riego de 211,375 hectáreas de fresón con aguas subterráneas de Doñana (La Rocina). 951.638 metros cúbicos por año.

- Julio de 2022, autoriza decenas de extracciones subterráneas en dicha zona por 6.379.574,26 m3/año y una extensión de 1.414 hectáreas.

Sánchez ha “regularizado en los últimos dos años los derechos de agua de una extensión agrícola de más de 2.100 hectáreas de la Corona Norte de Doñana”. Los permisos fueron iniciados por la Junta bajo mandato socialista y Sánchez los remató tras la condena de la UE contra el saqueo hídrico. Y alardea de pocero. “Es fruto de un laborioso y arduo proceso impulsado en los últimos dos años, tras la llegada del nuevo Ejecutivo en agosto de 2018”.

Concesión por Sánchez de 6,3 millones cúbicos.

Pese a tales permisos regados por Sánchez, con José Antonio Gríñán en 2018 había 5.529 hectáreas de cultivo bajo plástico en Doñana. Y con Juan Manuel Moreno en 2022 había 5.521 hectáreas. Ocho hectáreas menos. Moreno no ha disparado los cultivos.

Y casi el 50% han sido legalizados por Sánchez. Sus funcionarios avisan que un acuífero está en mal estado cuantitativo, La Rocina, pero legalizan sus pozos. Deberían elegir: o no alertar o no legalizar.

El presidente ni lee a sus expertos ni al tribunal de la UE. “Las extracciones de agua subterránea en el espacio natural protegido de Doñana han supuesto, desde 2006, un deterioro de los hábitats protegidos en las zonas protegidas Doñana. España debe adoptar medidas orientadas a hacer frente a la principal causa del deterioro de los hábitats protegidos del espacio natural protegido de Doñana, esto es, las extracciones de agua subterránea”.

Sánchez, de "postureo" con prismáticos en una de sus visitas a Doñana.

El Defensor del Pueblo en 2018 pidió que declarase tres masas de agua de acuíferos de Doñana “sobreexplotados y que aprobase un programa de actuación para ordenar las extracciones de agua”. Los expertos sanchistas lo reiteraron en 2019 y 2020: “las perspectivas futuras para los hábitats de ribera del espacio Doñana Norte y Oeste son negativas de mantenerse el régimen de explotación”.

Y se cumplió. Tres de las cinco masas de agua subterránea (Rocinas, Almonte y Marismas) que forman el acuífero de Doñana se han clasificado como «en mal estado». Lo dice su gobierno, en 2022.

Sánchez alardea de haber legalizado el riego más de 2.100 hectáreas.

Esto para Sánchez significa legalizar pozos. Cierra 116, pero legaliza 544. O anuncia la supresión de 400, pero regulariza sus 318 hectáreas con riego. Y no hay crítica suya sobre otro punto de la condena de la UE: la sobrexplotación de Doñana para que beban los turistas de Matalascañas, bajo gestión compartida por el PSOE. Con unos derechos de captación de agua subterránea de 2,75 hm3/año que deseca lagunas del parque.

Con José Antonio Griñán en 2018 había 5.529 hectáreas de cultivo bajo plástico en Doñana. Y con Juan Manuel Moreno en 2022 había 5.521 hectáreas. Ocho hectáreas menos. Moreno no ha disparado los cultivos.

Los permisos sanchistas duran 20 años. ¿Quién teme el cambio climático? Pese a esta mochila presidencial de pozos legalizados en Doñana, Sánchez arremete contra Moreno cuando anuncia una ley para otorgar permisos no de aguas subterráneas, sino de trasvases de zonas excedentarias. Un alto cargo de la Junta lo simplifica: si no hay trasvase, no hay permiso.

“El objetivo es sustituir el agua subterránea por el agua superficial del trasvase cuando se ejecute. El mejor ejemplo lo tenemos en el trasvase de 4,99 hm3 con el que se cerraron 413 pozos. El objetivo es cerrarlos todos. No se utilizará ni una gota de agua del acuífero para regar, por lo que se protege el acuífero, los valores naturales de Doñana, y por lo tanto a Doñana. Es una ley de punto final de la extracción de agua subterránea y la regeneración natural del acuífero”. Esto más usar agua que no se está depurando.

Toda ley es discutible, pero Sánchez tiene complicado dar lecciones: negó a la UE que peligrara Doñana en 2021, cuando sus informes le decían lo contrario, y ha regado de pozos legales el entorno del parque tras ser condenada España por dicha sobreexplotación y en contra de sus expertos.