Nuevo golpe al independentismo catalán: Serret, inhabilitada por desobediencia

La justicia ha asestado un nuevo golpe al independentismo catalán con su última decisión. Pedro Sánchez ha librado en gran manera a los golpistas que estuvieron detrás del referéndum ilegal en Cataluña del 1 de octubre de 2017 de pagar sus actos pero al final es inevitable que haya consecuencias por cometer un delito. De esta manera, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a un año de inhabilitación a la actual consejera de Acción Exterior de la Generalitat, Meritxell Serret, a la que también imponen una multa de 12.000 euros.

El motivo que se esgrime en la sentencia: por desobediencia en la organización y la celebración del 1-O en 2017, cuando encabezaba la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. De esta forma caen en saco roco las alegaciones de Serret, que en el juicio reclamó su absolución asegurando que actuó obedeciendo el "mandato democrático" de la mayoría independentista del Parlament favorable al 1-O. Además se defendió afirmando que consultar a la ciudadanía no fue un delito.

La propia Serret, tras conocerse la noticia ha anunciado que presentará recurso al fallo del Tribunal y que se defenderá hasta donde sea necesario". Lo ha hecho a través de un vídeo-comunicado publicado en cuenta de Twitter donde ha dicho que la sentencia no es firme, por lo que su voluntad es la de seguir "confrontando al Estado y el sistema judicial, plantado cara a la represión".

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha sido uno de los primeros en salir en defensa de su actual consejera expresando que seguirá en su puesto hasta que "la sentencia no sea firme".

La Sala considera probado que, cuando no había sido nombrada miembro del Govern, se inició "un proceso de independencia y de creación de una República catalana de acuerdo con las formaciones políticas surgidas de dichas elecciones y en cuyo programa llevaban dicho ideario y finalidad".

La consellera de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat, Meritxell Serret, a su llegada a al juicio

Su deber era impedir o paralizar

En marzo de 2017, cuando ya estaba en el cargo, por providencia del Tribunal Constitucional se indicó a todos los miembros del Govern "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que pudiera suponer, ignorar o eludir la suspensión acordada". También se les notificó que se abstuvieran "especialmente de licitar, ejecutar o fiscalizar contratos administrativos licitados por la Generalitat instrumentales para la preparación del referéndum".

En septiembre de 2017, Serret, junto a los otros miembros del Govern que han sido objeto de enjuiciamiento en otra causa ante el Tribunal Supremo, "desatendió de forma consciente el requerimiento del TC" y firmó el decreto de convocatoria, aunque el TC suspendió su aplicación y declaró la inconstitucionalidad y nulidad.

"La acusada era perfecta conocedora de la ilegalidad de todas las decisiones que le fueron objeto de notificación y requerimiento por parte del TC, ignorando de forma consciente y deliberada lo ordenado por dicho TC, decidiendo, por ello, no llevar a cabo actuación alguna para dejar sin efecto las normas impugnadas", añaden los magistrados.