No alquiles, hazte ‘okupa’: Pedro Sánchez te garantiza la vivienda

Ya está aprobada en el Congreso la ley estrella con la que el Gobierno tratará de sacar rédito electoral de cara a los próximo comicios autonómicos y municipales. Ahora deberá ser aprobada también en el Senado y devuelta al Congreso para su ratificación final. Pero, sin duda, hoy ha sido un pequeño paso para Pedro Sánchez pero un gran paso para los okupas.

Y es que la Ley de Vivienda, más allá de los efectos negativos que ocasionará sobre la oferta de inmuebles puestos en alquiler -al desincentivarlo-, es todo un atentado contra la propiedad privada.

Siguiendo el ejemplo de la fatídica Ley del solo sí es sí con la que se premió a los violadores y agresores sexuales mientras que se perjudicó a las víctimas, la nueva norma que regulará la vivienda en España será beneficiosa para los okupas y ocasionará un calvario procedimental para los legítimos propietarios que deseen recuperar sus propiedades.

Cambios en los desalojos de las viviendas okupadas

La Policía y Guardia Civil tendrá que pedir cita previa a los okupas para ser expulsados de las viviendas. O dicho en palabras de la ley: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no podrán intervenir por sorpresa, tendrán que comunicar el día y la hora al okupa.

Por su parte, el propietario tendrá que: uno, comunicar si esa es su vivienda -o no- habitual y, dos, conciliar con los okupas que sean considerados vulnerables. Además, si el propietario está entre los considerados como gran tenedor -el que tenga 5 viviendas o más, dando igual el tamaño o el precio de las mismas- no tendrá ninguna defensa. Le toca asumir que su vivienda fue okupada y punto. Si no es un gran tenedor y esa es su vivienda habitual, tiene aún posibilidades de recuperarla pero siempre tras un largo proceso de negociación con los okupas -como comentaremos a continuación-.

Se desestimarán, por tanto, "las demandas, que pretendan la recuperación de la posesión de una finca, en que no se especifique" si "el inmueble objeto de las mismas constituye vivienda habitual de la persona ocupante".

Los okupas vulnerables

La Ley de Vivienda destaca por ser especialmente garantista con aquellas personas que okupan una vivienda pero que son vulnerables, quienes tendrán todas las de ganar frente a los legítimos propietarios de la vivienda.

El problema, más allá de que la ley va en contra de la propiedad privada regulada en el artículo 33 de nuestra Constitución, es la conceptualización de persona vulnerable que hace el Gobierno.

La ley considera okupa vulnerable a aquel que cobre 1.800 euros al mes y que deban destinar a pagar el alquiler y suministros (agua, luz, gas, teléfono…) el 30% de sus ingresos totales. Es decir, la inmensa mayoría de los españoles podemos ser considerados vulnerables a tenor de la definición del Gobierno. Desde luego un sueldo de 1800 euros al mes no lo tienen muchos en España.

O dicho en palabras de la nueva norma: “el tribunal para apreciar la situación de vulnerabilidad económica podrá considerar el hecho de que el importe de la renta, si se trata de un juicio de desahucio por falta de pago, más el de los suministros de electricidad, gas, agua y telecomunicaciones suponga más del 30% los ingresos de la unidad familiar y que el conjunto de dichos ingresos no alcance, con carácter general, el límite de 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM)”. El IPREM se fijó, concretamente, en 2023 en 600 euros al mes, por lo tanto, se establece, como decíamos, un límite de 1.800 euros mensuales.

Es por ello que si el okupa entra en la clasificación de vulnerable, se tendrá que contactar con los servicios sociales y, hasta que no busquen una alternativa habitacional -proceso que puede tardar múltiples meses-, el propietario no tendrá ningún derecho a la hora de recuperar su legítima propiedad.

Más tiempo para negociar con los okupas

Otro de los cambios sustanciales que provoca le ley que hoy se aprobó en el Congreso es la dilatación de los meses que conllevará recuperar la vivienda okupada, siempre y cuando se pueda recuperar.

Si hasta ahora, de media, el proceso de recuperar una vivienda okupada se podía dilatar unos meses -llegando incluso a 10 meses-, ahora la conciliación tendrá un proceso más largo. Es decir, la ley busca no el echar al okupa, sino el llegar a un acuerdo con él.