Nuevo escándalo de Pedro Sánchez 'el moroso': debe 1200 millones a 21 empresas

Un nuevo escándalo, en este caso económico, pone en la diana internacional al Gobierno de Pedro Sánchez. Y los perjudicados somos el conjunto de los españoles. No solo porque la imagen de España, una vez más, se está viendo gravemente perjudicada, también porque la fiesta la acabaremos pagando entre todos vía impuestos -y no es barata-.

El Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez se niega, literalmente, a cumplir con resoluciones internacionales -concretamente laudos- que obligan al Gobierno a indemnizar con casi 1200 millones -concretamente 1175 millones- a 21 empresas.

Las sociedades e inversores afectados reclaman que se le pague las indemnizaciones que les corresponden por la retirada retroactiva de los incentivos a la inversión en energías renovables que se habían puesto en marcha en la década de los 2000 -para captar inversión en el sector de las renovables- y que, a raíz del estallido de la crisis del 2008, se fueron recortando.

En los últimos años, estas empresas han presentado alrededor de cincuenta recursos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el órgano por excelencia del arbitraje internacional. Estos procedimientos son vinculantes para España por ser un país firmante del Tratado de la Carta de la Energía.

Pedro Sánchez, sin embargo, hace caso omiso y lleva toda la legislatura incumpliendo con la legislación internacional, aún a sabiendas de que está perjudicando la imagen de España en el exterior, incrementando la inseguridad jurídica que desincentiva las inversiones en nuestro país y, en suma, endeudando a las generaciones futuras.

Pedro Sánchez, junto a Maduro y Putin en incumplimiento de legislación internacional

Y no solo eso. El Gobierno actual de España ha mostrado abiertamente una actitud hostil hacia los laudos del CIADI, negándose a indemnizar a empresas y pagar las compensaciones correspondientes. Se niega en redondo y sin tapujos.

Como resultado, España se encuentra en la tercera posición a nivel mundial en incumplimientos de arbitraje internacional, solo superada por Venezuela y Rusia.

Y las consecuencias de este flagrante incumplimiento se han hecho ya evidentes. La inversión en energía renovable en España se sitúa un 75% por debajo de la media europea y la última subasta convocada en noviembre no tuvo éxito alguno. En otras palabras, el sector de la inversión en energía renovable ha tomado nota de la inseguridad jurídica generada por el Gobierno de Pedro Sánchez y ha optado por invertir en otros países, lo que compromete directamente los objetivos de transición ecológica del Ejecutivo. La falta de inversión hace inviable el despliegue de nueva capacidad renovable a gran escala.

Sobrecoste por intereses financieros de 119 millones

La fiesta de millones no acaba ahí. El que el Gobierno se niegue a pagar los 21 laudos -sentencias de arbitrio internacional- que se resolvieron a favor de las empresas reclamantes, los 1200 millones de euros, está ocasionando que los intereses por el retraso de las indemnizaciones se estén incrementando cada vez más.

El Gobierno, por tanto, además de los 1200 millones de euros, debe pagar casi 120 millones de euros en concepto de intereses. Y cuanto más tarde en abonar las obligadas indemnizaciones a las empresas, más se incrementarán los intereses.

Sobrecoste por pagos a servicios jurídicos de 129 millones de euros

La morosidad de Pedro Sánchez no acaba tampoco en los 1200 millones que debe, más los 119 millones en concepto de intereses. También debe pagar, con el dinero de todos los contribuyentes españoles, 129 millones en concepto de despachos de abogados.

Y es que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez ha considerado que lo más lógico, en vez de cumplir con la legislación internacional, es litigar. En consecuencia, para realizar una evaluación precisa del impacto económico, es necesario revisar la información disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público, así como otros documentos que recogen los gastos realizados por la Administración General del Estado en relación con estos procesos. En total, se aprecian gastos por un valor de 71 millones de euros destinados en contratar bufetes para llevar a cabo una estrategia fallida, cuyo éxito estaba limitado desde el principio, dado que la Justicia de otros países, como Reino Unido o Australia, estaba ya involucrada en el proceso.

A esos 71 millones de euros hay que sumarle, además, otros 58 millones que se derivan de las condenas en costas. En total, 129 millones de euros que están en incremento.

Es inconcebible e ilógico que el Ejecutivo de Sánchez no optara por cumplir con las obligaciones internacionales y abonara, desde un principio, esos 1200 millones de euros que debe (un 0,1% del PIB español). Al contrario, está hundiendo la imagen de España en el exterior, desincentivando las inversiones e incrementando el pago con sobrecostes adicionales derivados de los intereses y servicios jurídicos. Un total sinsentido que nos tocará pagar, tarde o temprano, a todos los españoles vía impuestos.