El PSOE desafía a la JEC con un ‘festival’ de burlas a la ley ante el 28-M
Varios ministros socialistas han sido ya expedientados, la portavoz hasta dos veces, por usar su cargo institucional para hacer campaña. Junto a alcaldes y presidentes autonómicos.
Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno
El PSOE acumula en unos pocos días una cadena de toques de atención de la Junta Electoral por vulnerar la neutralidad que exige la ley a las instituciones públicas en periodo electoral. O dicho de otro modo, por usar sus cargos públicos para hacer propaganda del PSOE a menos de un mes de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.
La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, es la que se lleva el premio de más vulneraciones, pues ya ha sido expedientada y apercibida dos veces, y acumula cuatro denuncias del PP, por usar la rueda de prensa del Consejo de Ministros para lanzar mensajes en contra del PP o a favor de los socialistas. Auténticos mítines del PSOE desde la mesa de las comparecencias tras el Consejo de Ministros.
Isabel Rodríguez, Teresa Ribera, Óscar Puente y Ximo Puig son algunos de los socialistas que han sido amonestados por la JEC en apenas una semana
Pero hay más. Otra ministra que ha recibido el toque de la Junta Electoral ha sido la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, por haber vulnerado la neutralidad institucional haciendo electoralismo al atacar al PP en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la cuenta de la ley de Andalucía para legalizar pozos en los alrededores del Parque Nacional de Doñana.
Cabe recordar además que la Junta Electoral también expedientó al nuevo ministro de Industria, Héctor Gómez, por su rueda de prensa junta al alcalde Valladolid, Óscar Puente, al considerar que esa rueda era contraria a la Ley y que las declaraciones durante la misma “excedían de la función informativa que durante el proceso electoral puede realizar como poder público”.
"Uso electoralista"
Asimismo, presidentes socialistas también están recibiendo reprimendas de la Junta Electoral por sus acciones para influir en las próximas elecciones. Así, la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana amonestaba al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, acusándole de hacer “un uso electoralista de la medida del bono cesta de la compra” y le obligaba a borrar los mensajes en los que se refería a esta medida como logro o promesa.
La candidata del PSOE a la alcaldía de Valencia y vicealcaldesa de la ciudad, Sandra Gómez, se saltó también la ley electoral al mandar 74.000 cartas desde el Ayuntamiento de Valencia firmadas por ella misma poniendo en valor los proyectos que ha desarrollado, un envío que ha costado 20.000 euros de dinero público y que la Junta Electoral considera “electoralista”.
