El "escándalo Morodo", que salpica a Zapatero, irrumpe en la campaña del PSOE
La Audiencia Nacional envía a juicio al exembajador en Venezuela por las comisiones ilegales que cobró del "chavismo". La Fiscalía pide para el socialista tres años de cárcel.
Zapatero y Morodo, en su etapa de embajador en Venezuela.
Los viejos fantasmas del pasado y los oscuros lazos del PSOE -sobre todo en la etapa Zapatero- con la Venezuela de Hugo Chávez acaban de regresar para irrumpir en plena campaña electoral del 28-M.
El juez de la Audiencia Nacional a cargo del conocido como caso Morodo, que indaga sobre los más de 4,5 millones de euros que el exembajador de España en Caracas Raúl Morodo y su círculo más íntimo habrían recibido de la petrolera venezolana PDVSA, ha acordado enviar a juicio al exembajador. La Fiscalía solicita para él una pena de 3 años y 6 meses de cárcel y una multa de 378.700 euros por delitos contra la Hacienda Pública.
En el auto de apertura de juicio oral del magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 1, Alejandro Abascal, se indica que también procede sentar en el banquillo de los acusados al hijo del exembajador Alejo Morodo y a la esposa de éste, Ana Catalina Varandas, por los presuntos delitos de fraude a la Hacienda Pública que habrían cometido entre 2013 y 2017.
Para estos dos, la petición de cárcel de la Fiscalía es más elevada. Así, tanto para Alejo Morodo como para su esposa interesa 8 años y 6 meses, y multas que rozan los 4 millones de euros para cada uno.
En cuanto a las responsabilidades civiles, la fiscal Ana Cuenca señalaba en su escrito que Alejo Morodo y su esposa debían ser condenados a indemnizar a la Hacienda Pública de manera conjunta con la cantidad de 617.442€ por la defraudación del ejercicio 2013; Alejo Morodo con 315.273€ por 2014; Raúl Morodo con 126.222€ por 2014; y Ana Catarina Varandas con 435.970€ por la defraudación de 2017.
Una larga investigación
La investigación tiene su origen en la querella que la Fiscalía Anticorrupción presentó en enero de 2019 por presuntos delitos de blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública contra Raúl Morodo, su hijo y otras personas físicas y jurídicas vinculadas.
En la querella se señalaba también a los venezolanos Carlos Adolfo Prada Gómez y a Juan Carlos Márquez Cabrera (que falleció durante la investigación), y contra otras personas físicas y jurídicas de su entorno familiar y empresarial.
Así, las pesquisas se centraron en esos 4,5 millones de euros que recibieron de PDVSA "carentes de justificación real y lógica comercial". Pero el caso, en enero de 2023 y a petición de la Fiscalía, fue desdoblado para poder enviar a juicio el presunto fraude a Hacienda de 2013, 2014 y 2017, y diferenciarlo de la parte conocida como caso Venezolanos.
El juez Abascal justificó esta decisión señalando que si bien "ambos casos mantenían la conexidad inicial, estaban perfectamente diferenciados y dotados de elementos propios" que permitían su enjuiciamiento por separado.
