Una juez reactiva el "escándalo Mediador" y amarga la campaña electoral al PSOE
La magistrada de Huelva que investiga la deriva del "caso cuarteles", vinculado a la trama liderada por el socialista Tito Berni, mueve ficha. Y sus pesquisas planean también sobre Marlaska.
Marlaska, con la dimitida exdirectora de la Guardia Civil, María Gámez.
El escándalo Mediador o el caso de corrupción Tito Berni se mueve. Y lo hace en los tribunales, donde radica una trama aún por deparar muchas sorpresas, gracias a la derivada que lidera uno de los principales imputados del escándalo, el general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa, pieza clave de este chanchullo junto al exdiputado del PSOE, Fuentes Curbelo, Tito Berni; y el empresario-mediador, Antonio Taroconte. Se trata de la pieza del llamado caso Cuarteles.
La juez que instruye esta trama ha acordado ampliar sus pesquisas sobre las presuntas irregularidades cometidas en las adjudicaciones de obras de al menos 13 comandancias de la Guardia Civil, después de que la Fiscalía apreciase indicios de presuntos delitos de cohecho que habrían sido cometidos por los cuatro investigados.
Así, la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid ha estimado pertinente sumar este delito a la lista que ya incluye otros, como falsedad continuada en documento oficial y malversación de caudales públicos, atribuidos al teniente general Pedro Vázquez Jarava, quien fuera subdirector general de Apoyo de la Guardia Civil; al exjefe de la Comandancia de Ávila entre 2015 y 2017, al teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez; al empresario Ángel Ramón Tejera, alias Mon; y al trabajador por cuenta propia Salvador Gutiérrez.
En un auto firmado el 5 de mayo, la juez Isabel Durantez les ha citado a todos para que comparezcan el próximo 17 de mayo, a las 12.45 horas, al tiempo que ha acordado mantener la citación que ya tenía prevista para Alonso Rodríguez ese mismo día.
La magistrada Durantez ha adoptado esta decisión tras aceptar la solicitud del Ministerio Público de transformar la causa para que en caso de ser procesados sean juzgados por un tribunal del jurado; ello dado el tipo de delitos que se investigan: "un delito de falsedad continuada en documento oficial, en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos y, en su caso, un delito de cohecho".
El general de la Guardia Civil imputado, Francisco Espinosa, junto al Tito Berni. En el centro, el sobrino del exdiputado del PSOE cabeza visible del escándalo Mediador.
En el marco de la resolución, la titular del Juzgado ha llamado a comparecer también a los peritos recién designados por la Dirección General del Patrimonio del Estado para que aceptar el encargo relativo al informe pericial que desde hace unos nueve meses esperan en el Juzgado para esclarecer las obras efectuadas en 13 comandancias: las de Murcia, Albacete, Algeciras, Alicante, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, La Coruña, Santa Cruz de Tenerife y Toledo.
En este caso, que se empezó a instruir en Ávila en 2019 y fue remitido a Madrid en 2021, Asuntos Internos cifra en 3,3 millones de euros el importe de las obras adjudicadas entre 2008 y 2019 por al menos 13 comandancias de la Benemérita a las empresas administradas por 'Mon', pese a constar que algunas de ellas no fueron ejecutadas o fueron realizadas parcialmente, "lo que pudiera ser constitutivo de los delitos de falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y malversación".
EL EXJEFE DE LA COMANDANCIA DE ÁVILA
Cabe recordar que la titular del Juzgado ya había aplazado al 17 de mayo, a las 13.00 horas, la declaración del exjefe de la Comandancia de Ávila, a quien en un principio había citado para el 17 de abril después de que éste le pidiera comparecer de manera voluntaria para demostrar su "falta de conocimiento y participación" en las presuntas irregularidades investigadas.
La decisión de la juez tuvo lugar después de que la defensa de Alonso Rodríguez presentara un escrito en el que solicitaba que se le tomase declaración de nuevo, ya que llegó a comparecer en sede judicial cuando el procedimiento se investigaba en los juzgados de Ávila, antes de que el caso se enviara a Madrid.
El Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil asegura en uno de los atestados -a los que ha tenido Europa Press- aportados al procedimiento que Alonso Rodríguez, como exjefe de la Comandancia de Ávila, pidió, autorizó y ordenó pagar varias obras antes de que estas se realizaran. Según precisa, muchos de esos trabajos ni siquiera eran necesarios.
Los investigadores subrayan que "en un mismo día" y "con escasa diferencia horaria" solicitó, autorizó y ordenó el pago de varias facturas emitidas por empresas de Ángel Ramón Tejera de León, alias 'Mon', quien también figura como investigado en el procedimiento, para trabajos en varios acuartelamientos de la provincia de Ávila.
EL INFORME PATRIMONIAL DE ALONSO RODRÍGUEZ
Asuntos Internos también alertó en octubre de 2020 en un informe de que el teniente coronel en los años 2016 y 2017 ingresó en sus cuentas bancarias distintas partidas de dinero en efectivo por importe de 21.500 euros "cuyo origen (...) no ha podido ser determinado".
El objetivo de dicho informe patrimonial, al que tuvo Europa Press, era determinar el capital inmobiliario y mobiliario que pudiera poseer el teniente coronel que entre abril de 2015 y noviembre de 2017 fue jefe de la Comandancia de Ávila y que -según Asuntos Internos- adjudicó a empresas de ese contratista "obras finalmente cobradas pero no ejecutadas o ejecutadas únicamente de manera parcial".
Ante el informe de la Benemérita, la defensa de Alonso Rodríguez presentó escrito ante el juzgado en el que insistió en que resultaba "evidente y constatable" que no tenía ingreso alguno que no correspondiese a su "nivel de ingresos declarados". "No existe incremento patrimonial significativo", añadió al tiempo que recordó el principio de presunción de inocencia.
Entre otros argumentos, el agente explicó que él y su mujer empezaron a ahorrar en metálico en junio de 2010 y que su suegra -que falleció ese año- "en vida (le) entregó dinero en efectivo para gastos".
Además, la representación letrada del teniente coronel incidió en que nada tenía que ver con los hechos que se investigan en otras comandancias ajenas a la de Ávila y que la instrucción le había causado un "daño gratuito" a su "imagen personal y a la de su mujer". En aquella ocasión solicitó que se le apartase de la causa como investigado y que cambiara su condición a la de testigo. Hasta el momento, permanece investigado.