El Gobierno abre otro frente contra Ayuso con una invención sobre la eutanasia
Su portavoz, Isabel Rodríguez, asegura que una ley madrileña vulnera la norma de eutanasia estatal. Desde el PP desmontan su versión y le acusa de querer meter este debate en campaña.
La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Que es una evidencia. Una realidad que demuestra la desesperación por parte de los primeros ante uno de los principales activos del principal partido de la oposición. La presidenta madrileña vuelve a ser el foco de los ataques socialistas. Son dos en menos de 24 horas, ya que este mismo martes el PSOE madrileño ha interpuesto una reclamación contra la dirigente popular y su equipo por el supuesto uso electoralista de las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Gobierno autonómico.
Algo por lo que precisamente esta misma semana ha sido amonestada la portavoz del Ejecutivo central, Isabel Rodríguez, acusada de hacer campaña desde la sala de prensa del Consejo de Ministros.
Precisamente ha sido la propia ministra portavoz y justo en ese mismo espacio desde donde ha anunciado que el Gobierno ha aprobado interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de creación dela Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. El motivo: consideran que recorta el derecho a la eutanasia de las personas con discapacidad tuteladas en esta región.
El PP desmonta la versión del Gobierno
Con la norma madrileña, que entró en vigor en febrero, el ejecutivo autonómico obliga a las personas con discapacidad a tener una autorización judicial para recibir la ayuda a morir. Fuentes del Partido Popular consultadas por Esdiario aseguran que cualquier esta ley se sustenta en que cualquier intervención médica que ponga en riesgo la vida de una persona adulta con discapacidad (una amputación, por ejemplo) debe requerir autorización judicial. Y no porque lo digan ellos o porque sea su opinión, sino porque así lo establece el Código Civil.
El Gobierno central considera que imponer el aval de un juez es añadir un requisito adicional que vulnera la ley de eutanasia, avalada por el Tribunal Constitucional, e invade competencias exclusivas y de coordinación que corresponden al Estado.
Los populares se defienden afirmando que en esta ley para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad no hace referencia alguna a la eutanasia y por lo tanto no interfieren en la ley estatal. Por ello consideran que es un intento por parte del Gobierno por meter el debate de la eutanasia en campaña electoral, lo que significa que, de nuevo, el Ejecutivo de Sánchez estaría utilizando con fines electoralistas un espacio neutral como la sala de prensa de Moncloa.
