La pesadilla de Sánchez vuelve ante el 23J: el Supremo aborda el ‘sí es sí’
El Tribunal Supremo busca consenso a la hora de aplicar la Ley del 'solo sí es sí' aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez y que ya ha beneficiado a más de mil agresores sexuales.
Pedro Sánchez e Irene Montero saludándose en el Congreso de los Diputados
Pedro Sánchez se enfrentará el próximo 23 de julio a unas elecciones generales con el lastre de haber aprobado en su Consejo de Ministros la fatídica Ley del solo sí es sí que ya ha beneficiado a más de mil agresores sexuales, habiendo salido más de un centenar de la cárcel.
Concretamente, las audiencias provinciales ya han revisado 2.138 sentencias, de las que casi la mitad han concluido con una rebaja de las penas. Y pese a la reforma que tramitó el PSOE con el apoyo del PP y el cabreo de Unidas Podemos -que acusó a Sánchez de querer volver al anterior código penal de la Manada-, la ley del solo sí es sí sigue generando titulares desagradables para los socialistas que quieren evitar a 47 días de ir a votar.
No existe unanimidad entre los magistrados
El Tribunal Supremo se reúne entre este martes y miércoles para abordar un consenso a la hora de aplicar la todavía vigente -con modificación- Ley de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como Ley del solo sí es sí o Ley de Irene Montero. Lo que busca el Alto Tribunal es, por tanto, un criterio unitario de interpretación de los recursos de revisión promovidos por esta norma.
Bajo este contexto, tal y como ESdiario ha podido asegurar a través de fuentes del Tribunal Supremo, no existe unanimidad entre los magistrados y la posibilidad de que se emita algún voto discordante -voto particular- es muy alta.
La ley del solo sí es sí, un sinsentido jurídico
Pablo de Palacio, abogado y criminólogo en Palacio Lassaletta Abogados, asegura a ESdiario que "la decisión del Tribunal Supremo de unificar doctrina y asentar un criterio de interpretación es necesario para dotar a los justiciables y ciudadanos de seguridad jurídica". Y añade que "la disparidad de criterios entre tribunales autonómicos y audiencias provinciales a la hora de aplicar la ley ha generado un auténtico sinsentido jurídico que merma la seguridad jurídica de los procesados, con posible afectación incluso a su derecho de defensa".
La reforma del PSOE no acabó con el problema
La reforma de la ley impulsada por el PSOE y aprobada en abril con el apoyo del Partido Popular y el rechazo de Unidas Podemos no ha servido para dar carpetazo al asunto.
Así, el Tribunal Supremo únicamente se ha pronunciado en recursos de casación como el de la Arandina en el que adelantó que la ley "podría aplicarse en beneficio del reo cuando se fije ahora una pena inferior en aquellos supuestos en los que así proceda, pero analizando caso por caso, no de forma global".
Por ello, el abogado consultado por este periódico advierte que este precedente permite intuir que el Tribunal Supremo rechazará la aplicación automática de la reducción de penas, así como la denegación automática de las mismas (criterio seguido por la Fiscalía General del Estado). Todo hace pensar que optará, por tanto, por un criterio medio de reindividualización de las penas, es decir, que partirá del canon de proporcionalidad en el que tendrá en cuenta no sólo la pena impuesta sino también la gravedad de los hechos cometidos.