Correos amenaza con prisión al cartero que se equivoque con el voto

Correos, que preside el socialista Juan Manuel Serrano y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, ha amenazado en pleno celo de reparto electoral con sanciones disciplinarias y legales a todo cartero que cometa un error con la distribución del material vinculado al voto postal.

El mensaje distribuido en delegaciones no puede ser más coercitivo. Ni la más esclavista rider: “Se recuerda que las instrucciones del presidente [Serrano] en cuanto a entrega de documentación electoral y voto emitido son de obligado cumplimiento. No se van a permitir errores de entregas incorrectas y todas van a ser perseguidas disciplinariamente independientemente de las consecuencias legales que la legislación vigente penal versa sobre el tema electoral”.

“Los directores de las oficinas y jefes de equipo se han de responsabilizar de recordar y vigilar su cumplimiento. En esta tarea no se pueden permitir fallos y no es válido que el personal sea nuevo o se haya despistado. El peso de la ley caerá más tarde o más temprano”.

La plantilla de Correos tiene 46.000 efectivos. Los sindicatos denuncian que la mitad de los contratos son por vacaciones. Por tanto, con sólo 10.000 carteros más hay que asumir el récord histórico  postal que Dios, o sea Sánchez, ha querido.

¿A qué amenaza penal se refiere la cúpula que preside Serrano? “Delito por infracción de los trámites para el voto por correo. Prisión de tres meses a un año o la de multa de seis a veinticuatro meses, así como inhabilitación especial para el derecho del sufragio pasivo”. Por ejemplo.

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La orden del zar de correos: caerá el peso de la ley sobre el cartero.

Correos ha admitido más de 2,6 millones de solicitudes de voto por correo de ciudadanos y ciudadanas que desean ejercer por este sistema su derecho al voto en las Elecciones Generales que se celebrarán el 23 de julio.

Es una explosión de carga postal histórica: “Suponen un 94,71% más respecto al número total de solicitudes admitidas en las Elecciones Generales celebradas el 28 de abril de 2019 (1.346.995) y un 80,45% más que las registradas en el proceso homólogo celebrado el 26 de junio de 2016 (1.453.446) que, hasta ahora, marcaba el récord histórico en el número de solicitudes de voto por correo gestionadas en los procesos electorales de la democracia española”.

Pero la titánica tarea por el 23J de Correos, en pleno periodo vacacional y temperaturas de 40 grados, no se queda aquí: “La colaboración de Correos en las Elecciones Generales del 23 de julio, se extiende también al reparto de las tarjetas de inscripción en el censo y a los envíos de propaganda electoral, además de las comunicaciones a miembros de las Mesas Electorales, envío a los Ayuntamientos de la lista del censo, recogida de documentación el día de las elecciones, etc.”.

“La Sociedad Estatal ya ha distribuido las 3.5140.732 tarjetas censales remitidas por el Instituto Nacional de Estadística a los hogares de los ciudadanos con derecho a voto el 23 de julio, en las que figuran los datos de su inscripción en el censo, así como el colegio y la mesa de votación correspondiente”.

“Además, Correos está repartiendo los envíos de propaganda electoral de los diferentes partidos y coaliciones que concurren a los comicios. Todas ellas son obligaciones de servicio público que Correos tiene encomendadas por ser el operador designado por el Estado para prestar el Servicio Postal Universal en España”. Habría sido un detalle evitar tal publicidad postal, cuando menos el PSOE, culpable de la fecha. Y partidos que quisieran adherirse.

“Correos está adoptando desde la convocatoria de las Elecciones del 23 de julio, todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que tiene encomendadas durante los procesos electorales. Ha formalizado 20.240 contrataciones de refuerzo desde el 30 de mayo y está poniendo todos sus recursos tecnológicos, logísticos y humanos al servicio del proceso”.

La plantilla de Correos tiene 46.000 efectivos. Los sindicatos denuncian que la mitad de los contratos son por vacaciones. Por tanto, con sólo 10.000 carteros más hay que asumir el récord histórico postal que Dios, o sea Sánchez, ha querido.

Y Correos llegó a cifrar en 500.000 los españoles que no podrían votar por no haber sido localizados. Luego la cifra se ha rebajado a la mitad. Una tarea que exige potencialmente una doble visita a 2,6 millones de domicilios. Y la culpa, con pena de prisión, es del cartero. No del presidente que escoge la fecha ni del presidente que arruina Correos con 500 millones de pérdidas.

Ahí no pende amenaza penal sobre sus errores. Y en este contexto llega esta intimidación: "No necesitamos que nos digan lo que tenemos que hacer en elecciones. Está en nuestro ADN", replican los carteros.