Plante ante la cesión de Sánchez para ganarse a Junts y ERC: injusticia total

Pedro Sánchez ya está pensando en cómo ganarse -al mismo tiempo- a los independentistas catalanes, tanto a Junts como a ERC, para que le otorguen su necesario apoyo en una previsible investidura del candidato socialista. Con el cambio en escaños tras el recuento del voto CERA, en favor del PP -que consiguió uno más por otro que perdió el PSOE-, el actual Presidente del Gobierno en funciones necesitará tanto el sí de ERC como el sí de Junts. Un horizonte nada fácil de conseguir teniendo, además, en cuenta la existente guerra política entre los de Puigdemont y los de Pere Aragonés. Tan solo la consecución del sí de Coalición Canaria podría devolver a Sánchez la posibilidad de salir investido con la abstención de Junts. En todo caso, tanto si necesita un sí o una abstención del partido de Puigdemont, debe contentar simultáneamente a ERC y a Junts. Y los gurús de La Moncloa creen haber dado con un irresistible caramelo para ambos.

Un nuevo sistema de financiación autonómica que acabe por condonar, al menos parcialmente, la deuda de la región que ostenta el título de la más endeudada de España: Cataluña. Los 85.000 millones de euros de deuda que acumula la autonomía presidida por Pere Aragonés pueden convertirse en la solución a la investidura de Pedro Sánchez. Así lo creen desde el PSOE.

En este sentido, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, anunció este pasado martes su compromiso de "impulsar" un nuevo sistema de financiación autonómica si Sánchez revalida el Gobierno. Una promesa que se enmarca en medio de negociaciones "discretas" con ERC y Junts, quienes dejaron claro desde la noche electoral del 23J que una de sus condiciones para apoyar la investidura de Pedro Sánchez será el poner fin al déficit fiscal catalán: "La reforma de sistema es una urgencia que está en nuestro programa para esta legislatura", llegó a asegurar Montero.

La tajante respuesta a Sánchez desde el PP

Los populares rechazan unánimemente cualquier condonación de deuda. Así, la consejera andaluza de Economía y Hacienda, Carolina España, ha incidido que desde Andalucía no permitirán "nuevos agravios ahora que [Pedro Sánchez] vuelve a necesitar a los independentistas".

Por su parte, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha ido un paso más allá y ha anunciado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso combatirá judicialmente eventuales condonaciones de la deuda autonómica de Cataluña: "Nos opondremos con todos los medios", ha asegurado.

También ha rechazado cualquier agravio de financiación autonómica el conselleiro gallego de Hacienda, Miguel Congos, quien ha mostrado su "preocupación" ante una hipotética quita de deuda: "Aunque parece que se está hablando de condonación, lo que se está proponiendo es una mutualización de la deuda, es decir, repartir la deuda de algunas comunidades autónomas que se estima que están demasiado endeudadas entre todas las comunidades autónomas", remarcó.

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, habla, sin embargo, de un nuevo modelo de financiación autonómica "justo" pero que no se pacte "en el cuarto oscuro del separatismo", rechazando así la propuesta que reclaman los partidos independentistas y que Pedro Sánchez se muestra dispuesto a negociar y aceptar.

La injusta condonación de la deuda de Cataluña

Desde este periódico nos hemos puesto en contacto con diversos economistas para que nos expliquen los agravios -y riesgos- que la aceptación, por parte de Sánchez, de la quita de la deuda de Cataluña que reclaman los independentistas puede conllevar para el conjunto de España.

"Respecto a la deuda de Cataluña, esta es la comunidad autónoma de toda España más endeudada, caso contrario a regiones como la de Madrid que apenas tienen deudas. De hecho la mayoría de comunidades autónomas han aprovechado estos años para reducir su deuda propia, al contrario de lo que ha pasado en Cataluña o en la Comunidad Valencia", explica el economista Iván Campuzano.

Y añade Campuzano: "En estos momentos se plantea una nueva reforma de la financiación autonómica pero recordemos que la última vez que se reformó fue con Zapatero y tal financiación ya situaba a Cataluña en una de las situaciones más privilegiadas, por no decir la más privilegiada, de todas las existentes hasta el momento. No es también casualidad que la Comunidad Valenciana, que ese momento era una de las comunidades donde el PP se encontraba más fuerte, fuera una de las comunidades más perjudicadas. De ahí ese déficit que han tenido muchos años de financiación autonómica".

En todo caso, señala el economista Jaime Caneiro, "hay que destacar que actualmente existe la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que lo que provoca es que el Estado tiene la capacidad de intervenir las comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones para controlar el déficit y adaptarlo a las directrices que marque la Unión Europea en cada momento". Esto significa, incide Caneiro, en que "si el Gobierno quiere condonar la deuda de Cataluña o hacer algún cambio en ese aspecto, tendría que aprobar una nueva Ley orgánica, que obviamente pasaría por el debate y su aprobación en el Parlamento. Y hay que tener en cuenta que en ese Parlamento estarían partidos como, por ejemplo, Coalición Canaria o el PNV que, obviamente, no creo que vieran bien estos cambios; precisamente son regiones donde el déficit se cumple ciertamente y no es comparable al que hay actualmente en Cataluña".

Las consecuencias para el resto de regiones

Con el nuevo sistema de financiación autonómica que propone el PSOE no se perdonará la deuda de Cataluña, sino que se repartirá entre el resto de comunidades autónomas: "Lo que se habla aquí no es de condenar realmente una deuda. No. Lo que se está hablando es de hacer un nuevo mecanismo de control de déficit que haga que esos excesos que tienen ciertas comunidades se pongan en una cesta común y de esa manera intentar entre todas las comunidades contribuir a que ese déficit en común se rebaje. Algo que me parece muy injusto, dado que hay comunidades que cumplen y otras que no", subraya Jaime Caneiro a ESdiario.

La también economista Almudena Gómez va un paso más allá: "El Presidente en funciones, como buen estratega, les ha ofrecido algo en lo que todos pueden estar de acuerdo. Y es la posibilidad de gastar y gastar a manos llenas. El entorno financiero internacional está cambiando, con tipos al alza y el BCE reduciendo liquidez. A Cataluña le cuesta más gastar, máxime teniendo la mayor deuda autonómica de España. Y la solución está clara. Se reparte la deuda catalana entre las comunidades con menor ratio de deuda sobre PIB, se les aplasta con miles de millones de deuda importada y se dejan libres las manos de los socios catalanes de Sánchez para seguir con su negocio de la independencia a costa de los contribuyentes, durante cuatro años más", sentencia.

Esta mutualización de la deuda tendrá tres graves consecuencias: "La primera, aumentará el endeudamiento de regiones saneadas como Madrid, dificultando su acceso al crédito en mercados internacionales y por tanto impidiendo la financiación de nuevos proyectos; la segunda, aumentará la ratio de deuda sobre PIB de tales comunidades y provocará un automático descenso de la inversión exterior y de la formación bruta de capital, lo que se traduce en un menor crecimiento económico y del empleo; y, la tercera, para Cataluña supone el poder seguir gastando sin tope, sabiendo que el chantaje político le permitirá no pagar la deuda, que tendrá que ser asumida por todos los españoles, excepto los catalanes, claro", explica Gómez a este periódico.

En conclusión, tal y como subraya el abogado Pablo de Palacio a este periódico, "el sistema más óptimo sería el de la autogestión por las comunidades autónomas. El menor ejemplo lo tenemos en Navarra y en el País Vasco con el sistema del convenio y concierto económico. Las comunidades se encargan de gestionar y recaudar los impuestos estatales, fijando un cupo en forma de asignación económica que percibe el Estado. De lo contrario, queda en entredicho el principio de igualdad contributiva", remarca.