El nuevo curso judicial arranca enturbiado por el órdago de la amnistía

La cúpula judicial celebra hoy el acto solemne del nuevo Año Judicial, presidido por Felipe VI. Si el año pasado Carlos Lesmes amenazaba con dimitir si PSOE y PP no renovaban de una vez el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), este año el asunto que ha protagonizado la celebración ha sido otro muy diferente.

La apertura del año judicial ha estado marcado por el debate suscitado después de que Junts haya exigido una ley para amnistiar el 'próces' como requisito para propiciar la como presidente del Gobierno. También ha tenido como asunto protagonista el proceso de descomposición en el que se encuentra inmerso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva casi cinco años con el mandato caducado.

Han asistido a la celebración el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, así como diversas autoridades del ámbito judicial. Y, en el plano político, la ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, además de varios representantes institucionales.

Bloqueo del CGPJ

Si bien hasta ahora la principal preocupación en el seno del Poder Judicial era la situación de bloqueo en torno la renovación del CGPJ, que debía haberse producido el 4 de diciembre de 2018, y las consecuencias que la inestabilidad política provocada por los resultados electorales del 23 de julio podían tener en la misma, la posibilidad de una eventual amnistía ha irrumpido de lleno en el debate.

De entrada, según fuentes jurídicas, en el Supremo se han quedado "sin adjetivos" para calificar la visita que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, hizo al ex presidente catalán Carles Puigdemont el pasado lunes en Bruselas para recabar los apoyos de Junts a la investidura de Sánchez. Un día después, el líder independentista fijó sus condiciones: ley de amnistía y el final de la vía judicial, para lo cual apeló directamente a Fiscalía y Abogacía del Estado.

Y es que una eventual amnistía de los sucesos que condujeron al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 supondría borrar los hechos por los que el Supremo condenó en 2019 al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros once líderes independentistas, y por los que el alto tribunal aún persigue a Puigdemont y los demás prófugos del 1-O.

Marín y Guilarte

Además, este año el Poder Judicial volverá a iniciar curso con un CGPJ en funciones. Carlos Lesmes lo inauguró así hasta cuatro veces en calidad de presidente del TS y del CGPJ. En esta ocasión (la quinta) Marín Castán será el encargado de hacerlo, como jefe interino del Supremo y ante la presencia de quien ahora ejerce la presidencia suplente del CGPJ, Guilarte.

Esta bicefalia en el Poder Judicial -anómala pero no inédita- se produjo el pasado 9 de octubre, cuando tras sus frustrados intentos para que PSOE y PP pactaran la renovación del CGPJ. Precisamente, fue en la apertura del año judicial de 2022 cuando anunció que renunciaría si en el plazo de un mes no había logrado su objetivo.

El cargo de presidente del TS y del CGPJ, que ejerce la misma persona, se desdobló porque los vocales del órgano de gobierno de los jueces se negaron a aceptar a Marín Castán, que entonces era vicepresidente interino del Supremo, como su nuevo jefe. Así, optaron por entronizar a su vocal de mayor edad, en ese momento Rafael Mozo.

Según las fuentes consultadas, las esperanzas de renovación del CGPJ estaban depositadas en el periodo postelectoral, sobre todo ante la expectativa de un cambio de Gobierno, pero el escenario dibujado por el 23-J ha dado al traste con ellas, dibujando la misma situación de parálisis que antes de la cita con las urnas.

Euroorden contra Puigdemont

También con el proceso soberanista en Cataluña en el epicentro, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del «procés», tiene pendiente reactivar las euroórdenes contra Puigdemont y el resto de fugados, una medida supeditada a lo que decida el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la inmunidad del expresident, que reclama recuperarla de forma cautelar a la espera del pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Al margen de los pronunciamientos pendientes sobre los indultos del «procés» por parte del Supremo y del amparo solicitado al TC por los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves contra sus condenas por el fraude millonario de los ERE, en el horizonte del nuevo Año Judicial también asoma otra reforma legal que reclama la Comisión Europea: la que garantice que los jueces designen a los doce vocales del de procedencia judicial, como también la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para desligar los mandatos del fiscal general del Estado y del Gobierno de turno, para ahondar en la independencia del Ministerio Público.