Varapalo del Constitucional al Gobierno y respaldo a López Miras en el Mar Menor

El Tribunal Constitucional ha respaldado al gobierno de Fernando López Miras en Murcia y dado un palo a las pretensiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez. En concreto, el TC ha rechazado por unanimidad el recurso presentado por el Gobierno contra el decreto-ley que reformó la Ley de Murcia para la recuperación y protección del Mar Menor, dando la razón al gobierno de Murcia.

El TC considera que la Ley de Murcia respeta el régimen de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas sobre el medio hídrico. El Constitucional explica que "los incisos impugnados habían sido aprobados para aclarar determinados extremos de carácter técnico-procedimental de la regulación autonómica preexistente, con la finalidad de agilizar la tramitación de los expedientes de restitución de cultivos, que constituyen una de las herramientas centrales de la política autonómica de protección del Mar Menor frente al vertido de nutrientes de origen agrario".

El Gobierno de Pedro Sánchez veía tres causas de inconstitucionalidad. En primer lugar, que no existía la situación de "extraordinaria y urgente necesidad" que exige la Constitución para regular por decreto-ley. Y denunciaba, además, la vulneración de las competencias del Estado sobre la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma y sobre el procedimiento administrativo común.

El Constitucional responde, en base a una ponencia del magistrado progresista Ramón Sáez, que "la situación de extraordinaria y urgente necesidad que justifica la aprobación del decreto-ley 5/2021 fue definida por el Ejecutivo murciano de forma explícita, razonada, y a través de una precisa referencia a una concreta coyuntura medioambiental que exige una rápida respuesta a la situación crítica del estado ecológico del Mar Menor”.

En cuanto al régimen de competencias, el Tribunal Constitucional desestima los argumentos del Gobierno de Pedro Sánchez "por basarse sobre una lectura incorrecta y descontextualizada de los preceptos e incisos impugnados".