La corrupción de Junts irrumpe en la investidura: doble vara de medir del PSOE

El PSOE ante el espejo. Y puede que en las negociaciones entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont la amnistía no solo quede centrada en el golpe del 1-O sino que incluya también las décadas de corrupción del partido del fugado de Waterloo; hoy Junts, pero ayer Convergencia.

Porque mientras Sánchez justificó en los problemas judiciales del PP su moción de censura -junto al conglomerado Frankenstein- contra Mariano Rajoy, las cuitas en los tribunales del independentismo catalán irrumpen en la investidura. Aquello afectó al tesorero popular Luis Bárcenas, esto al de CIU, Daniel Osácar. Lo de antaño fue Gürtel, lo de ahora el 3%.

La Audiencia Nacional reabre la causa contra la financiación ilegal del partido de Puigdemont. En la que están implicados estrechos colaboradores de Artur Mas como Felip Puig, Jordi Jané o Irene Rigau

La Audiencia Nacional ha revocado el archivo provisional y decidido reabrir la pieza separada del caso 3% en la que se investigaba a varios cargos de Convergencia por donaciones al partido con la supuesta finalidad de financiar ilícitamente a dicha formación, lo que comúnmente se ha conocido como el pitufeo.

En un auto, la Sala de lo Penal estima el recurso interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Santiago Pedraz, de dar carpetazo a la investigación al no apreciar indicios de blanqueo.

Los magistrados de la Sección Cuarta explican que "a la vista de la información ofrecida por el Ministerio Fiscal en relación a la existencia de indicios de una posible financiación ilegal por parte de CDC debe continuarse la investigación llevada a cabo por el instructor", acordando por tanto la reapertura y prórroga de la misma.

Es por eso que la Sala pide al juez que "solicite los informes que estime oportunos a fin de determinar la existencia de una posible conducta delictiva por delito de blanqueo de capitales requiriendo, en su caso, la documentación bancaria que pueda existir sobre imposiciones bancarias de los investigados realizadas en fechas cercanas a las donaciones".

A la izquierda, el histórico tesorero de Convergencia (hoy Junts), en una de sus múltiples visitas a los juzgados.

En su recurso, el fiscal del caso, José Grinda, señalaba que en las actuaciones consta cómo "diversas empresas han ejecutado de manera continuada una conducta interesada de donaciones a las fundaciones relacionadas directamente con la formación política CDC".

Además, añadía que con ellas se camuflaba la realidad de "auténticas conductas de soborno para conseguir la adjudicación de contratos a través de organismos públicos dependientes de la Generalitat de Catalunya".

Según explicaba el fiscal, lo relevante de esta conducta es la evidencia de que la extinta CDC buscaba y encontraba "formas de financiación a costa del interés público y en beneficio de determinadas empresas, siendo ésta constante". Así, incidía en que en la pieza principal del 3 por ciento ha constatado esta manera de actuar, que además no es nueva sino que es una "mera continuación de la estructura del llamado caso Palau" -ya juzgado-.

Tres vías de financiación ilícita

Así, insistía en que desde 1999 CDC estableció sistemáticamente una triple vía de financiación al margen de la legalidad, "vías que actúan coetáneamente": "Una, las donaciones a las entidades afectas a CDC; dos, la simulación de servicios y convenios con las empresas que luego se veían beneficiadas en contratación pública; tres, las entregas en efectivo".

En este sentido, y apoyándose en la documentación incautada en los registros de la sede del partido y en las distintas declaraciones de imputados y testigos, el fiscal subrayaba que concurren "datos objetivos de generación y posesión de dinero en efectivo, no declarado por Convergencia Democrática procedente de empresas que buscan con ello ser beneficiadas en la contratación pública".

El escrito enumeraba además a una serie de cargos de CDC, entre los que aparecen exconsejeros como Jordi Jané, Irene Rigau o Felip Puig, de los que relaciona donaciones, y recalca que todos ellos son afiliados del partido político. Y aseveraba además que se ha podido constatar "la existencia de una coordinación superior" que manejaba los tiempos para que se realizaran esas donaciones.