La Fiscalía arde por Dolores Delgado: "Tráfico de favores y desviación de poder"
Los recursos ante el Supremo de las asociaciones mayoritarias de fiscales contra el nombramiento de la exministra socialista como fiscal jefe de Memoria Democrática son demoledores.
Dolores Delgado y el fiscal general del Estado.
Una descripción aterradora de la situación en la que el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido a la Fiscalía General del Estado. La Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han formalizado los recursos que habían anunciado ante el Tribunal Supremo para anular el nombramiento de la ex fiscal general del Estado y exministra Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos al considerar que es fruto de un "tráfico de favores" entre ambos y de una "desviación de poder" por parte de su sucesor en el cargo, Álvaro García Ortiz.
La AF, asociación mayoritaria de la carrera fiscal, reclama en su escrito que se retrotraigan las actuaciones al momento anterior al que el actual fiscal general del Estado propuso a Delgado para el cargo; ello "a fin de que emita una nueva propuesta". Como consecuencia de la nulidad, también solicita que se declare la nulidad de todos los actos realizados por Delgado en el ejercicio de sus funciones como fiscal de Memoria Democrática.
Los fiscales sobre el nombramiento de Delgado como fiscal-jefe de Memoria Democrática: "Fue arbitrario, un peligroso acercamiento a la desviación de poder, un descrédito institucional contrario a garantías constitucionales básicas, a las leyes, a los principios generales"
La asociación defiende que cuando se acordó el nombramiento el fiscal general estaba en "situación de interinidad" por la convocatoria de elecciones generales, lo que -a su juicio- lleva a entender que "debería excluirse de sus facultades la propuesta del nombramiento de nuevos fiscales de sala".
El ejemplo del CGPJ
"Si el CGPJ en funciones no puede proponer el nombramiento de magistrados del TS porque su mandato está expirado, el fiscal general del Estado que ya conoce que se han disuelto las Cortes, se han convocado elecciones, y, por tanto, parece encontrarse en una suerte de interinidad, tampoco puede proponer el nombramiento de fiscales de sala del Tribunal Supremo, condicionando los nombramientos futuros", alega la AF.
Para la asociación, "estos nombramientos precipitados" efectuados por García Ortiz "parecen pretender asegurar la posición de los fiscales afines". Así las cosas, considera que el nombramiento de Delgado es "nulo de pleno Derecho" por "falta de competencia" y "desviación de poder".
"Lo que sucedió fue arbitrario, un peligroso acercamiento a la desviación de poder; esencialmente, un descrédito institucional contrario a garantías constitucionales básicas, a las leyes, a los principios generales y a valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico", añade la AF.
Por su parte, la demanda de la APIF sostiene que el proceso que concluyó con la designación de Delgado para este cargo el pasado 13 de junio estuvo plagado de "importantes irregularidades" que "revisten una gravedad suficiente para dar lugar a su anulación".
Para la APIF, la primera irregularidad fue adelantar del 19 al 8 de junio el Pleno del Consejo Fiscal para asignar la plaza. A su juicio, García Ortiz "tenía prisa" por nombrar a Delgado, "su anterior jefa", "mentora" y "amiga", debido al adelanto electoral al 23 de julio, una cita con las urnas "que podría haber frustrado sus intenciones" si hubiera propiciado cambios en la Fiscalía General del Estado y en el Consejo Fiscal.