Las grandes empresas huyen de Sánchez pero hay otro peligro oculto

Del Juan Roig "se mea en tu cara" de Pablo Echenique al "es un capitalista despiadado" de Ione Belarra. Amancio Ortega, otro de los más destacados empresarios de este país, no ha tenido más suerte que el presidente ejecutivo y máximo accionista de Mercadona. Es "un señorito" que "utiliza mecanismos de ingeniería fiscal", le espetó el que fue vicepresidente del Gobierno de España, Pablo Iglesias, al que fue presidente del grupo Inditex. Lilith Verstrynge, diputada en el Congreso por Podemos y Secretaria de Estado para la Agenda 2030, afirmó, por su parte, que Ortega "no es un filántropo sino un evasor fiscal".

La animadversión que destacados miembros que o todavía forman o formaron parte del Gobierno de Pedro Sánchez sienten hacia los empresarios es evidente. Una aversión al sector empresarial que, adicionalmente, se ratificó con la firma de un acuerdo entre PSOE y Sumar -entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz- que, aun afectando sobremanera a los intereses de las grandes empresas, de llevar las medidas a la práctica, obvió el más mínimo diálogo con la patronal (los empresarios) y los sindicatos. Nada de diálogo con los agentes sociales.

La cada vez mayor inseguridad jurídica

Las líneas maestras del acuerdo entre PSOE y Sumar para que los de Yolanda Díaz apoyen la investidura de Pedro Sánchez, firmado esta semana, son dos: uno, mantener el que iba a ser un temporal impuesto a las energéticas y a la banca y, dos, "acabar" con los vuelos cortos -de menos de dos horas y media- siempre y cuando haya una alternativa en tren y no enlacen con rutas internacionales.

Por lo de pronto, la incapacidad explicativa de Yolanda Díaz al dar a conocer la medida pactada con Sánchez de prohibir los vuelos cortos -obvió el "cuando haya alternativa en tren" y "salvo cuando enlacen con rutas internacionales"- ya le hizo perder a la semipública AENA más de 540 millones de euros en Bolsa en solo un día. Algo que se suma al reciente y sonado cambio de sede fiscal de la cotizada multinacional española Ferrovial a Países Bajos. Y es que el Gobierno de Pedro Sánchez está consiguiendo un hito negativo tras otro con sus ilógicas decisiones económicas.

"En primer lugar hay que determinar si el pacto entre PSOE y Sumar va en serio o es un acuerdo meramente electoralista", empieza preguntándose el economista Luis Garvía -director del máster de Riesgo Financieros en ICADE- consultado por ESdiario. Además, apunta, el Gobierno "está metiendo en el mismo saco a animales diferentes: la situación de las energéticas no tiene nada que ver con la de los Bancos". Otro grave error que está cometiendo el Ejecutivo en funciones. "Las energéticas y la banca se mueven en entornos competitivos diferentes", reitera a este periódico.

Es más, el profesor en ICADE señala que "la política industrial debiera enfocarse a intereses industriales, no en intereses electorales" esto, avisa, "genera inseguridad jurídica". Precisamente, la inseguridad jurídica tan pronunciada en estos últimos días se puede definir como un constante cambio de las reglas del juego que deriva en "la alteración del entorno competitivo de las empresas".

Una variación que afecta sobremanera a empresas como las energéticas que, recuerda el profesor de ICADE, "hacen inversiones a 25 años vista". En suma, con la inseguridad jurídica "el coste de la inversión de una empresa se vuelve mayor y, por tanto, el retorno que exigirá será también mayor" lo que conlleva "un aumento del precio final". Es decir, los claros perjudicados somos nosotros, los consumidores finales.

El otro gran problema: potenciales inversores rechazan España

Hasta ahora se ha focalizado la atención en las empresas que se han ido de España (la matriz de Ferrovial, por ejemplo) por su cada vez más intervenida economía pero hay todavía un problema mayor: todas las grandes empresas que rechazan invertir en España por el mismo motivo. Ya no solo son las que se van sino que, además, las que no vienen. Una preocupante realidad que en un país como España, con la inmensa mayoría de su tejido productivo compuesto por pequeñas y medianas empresas (PYMES), incide todavía más de forma negativa: nos hace más falta que nunca la captación de inversión extranjera.

"Cualquier empresario de otro país que decida invertir en España, traer capital y talento humano, tras la marcha de Ferrovial y el posible traslado de proyectos de Repsol fuera de nuestro país se lo pensará, evidentemente, más de dos veces", señala Iván Campuzano, otro economista consultado por ESdiario.

Y los datos son claros. La inversión extranjera en España disminuyó un 26% en el primer semestre de este año 2023 (según los datos del Registro de Inversiones Extranjeras), una fuerte caída que supone una pérdida de 11.996 millones de euros. Casi nada. "La inversión bruta está aumentando año tras año pero tan solo se está focalizando en las regiones de mayor libertad económica, como la Comunidad de Madrid, que concentra mucho más del 50% de la inversión extranjera de España", incide Iván Campuzano a este periódico.

La receta que funciona está claro: "Menos impuestos y una regulación estable, como la ejecutada por el Gobierno de Ayuso, es mucho más favorable para la inversión extranjera", sentencia Campuzano.

Otro economista consultado por ESdiario, Jaime Caneiro, apunta la problemática en la misma línea: "Un inversor pone el dinero en un país por dos motivos fundamentales: primero, por la seguridad económica y la confianza que ofrece el país y, segundo, por la capacidad que tenga de rentabilizar tal inversión".

Por tanto, "cuando el inversor visualiza que las grandes empresas y fortunas se marchan -o desean marcharse- del país, no se planteará, evidentemente, invertir miles de millones de euros en ese país", explica, "y ese país es España", sentencia. Es, en fin, de lógica pura y aplastante.