El Fiscal General al rescate de Sánchez para intentar salvar a Puigdemont
El Ministerio Público dependiente del Gobierno anuncia recurso al auto del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que acorrala a la cúpula del 1-O.
El presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez.
Justo en plena negociación de Pedro Sánchez con Junts para la amnistía, este lunes saltaba la noticia para amargar el inicio de semana al líder del PSOE y también a sus socios independentistas: la Audiencia Nacional, mediante un auto del juez Manuel García Castellón -encargado de la investigación sobre Tsunami Democrátic y su implicación en los graves disturbios posteriores al 1-O-, investiga por un delito de terrorismo al por entonces presidente catalán Carles Puigdemont e imputa directamente a la secretaria de ERC, Marta Rovira.
Pues bien horas después el Ministerio Público anunciaba que recurrirá en apelación la resolución del magistrado porque cree que los hechos “no encajan en delitos de terrorismo, sino de desórdenes públicos”. Todo ello debido a la desaparición del delito de sedición que, recordemos, es otra de la lista de concesiones de Sánchez a los independentistas a cambio de sus votos. Y sí, la amnistía es la de ahora pero no hay que olvidar que su falta de palabra y principios viene desde hace tiempo.
La fiscalía se escuda también en que, antes del auto del juez de la propia Audiencia Nacional, ya estaban preparando un informe en el que pedían que la investigación saliese de este tribunal en atención a las informaciones policiales que constan en la causa y se trasladase de Madrid a Barcelona.
En el texto de 34 páginas determina que el fugado de la justicia participó en las reuniones celebradas en Suiza los días 29 a 31 de agosto de 2019 para supuestamente planificar Tsunami Democràtic. En el caso de Rovira, el juez considera que su participación fue más activa y que estaba al tanto de gran parte de las acciones de la plataforma. Decisión final que ha tomado a raíz del último informe de la Guardia Civil.
Lo considera terrorismo porque, tal y como detalla en el auto Manuel García Castellón, son probables delitos, entre otros, contra la vida o la integridad física de personas además de tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos.
