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El Supremo se suma a la oleada y exige respeto a la división de poderes

La Sala de Gobierno del Alto Tribunal, en una decisión infrecuente, se suma a la catarata de reacciones del ámbito judicial y fiscal y planta cara al escándalo del "lawfare".

El magistrado del TS, Manuel Marchena.

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La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, reunida este lunes en sesión ordinaria, ha emitido un comunicado por unanimidad donde recuerda que el Estado de Derecho "exige el absoluto respeto a la división de poderes" frente a "la supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado", tras el acuerdo alcanzado por PSOE y Junts que alude a los supuestos casos de lawfare, el término que hace referencia a un presunto juego sucio de la Justicia.

"El Estado de Derecho, en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes", afirma el alto tribunal. Reivindica también que "el ejercicio de la función jurisdiccional se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la salvaguardia de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular, de la igualdad en la aplicación de la ley".

Por eso, la Sala de Gobierno "enfatiza la necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones", indicando expresamente que "ve incompatible con ella la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado".

El Supremo reacciona así a dicho acuerdo, que contempla la creación de comisiones de investigación parlamentarias para detectar supuestos casos de lawfare y, de ser así, que se deriven las "consecuencias" oportunas, lo que podría acabar en querellas pro prevaricación contra jueces y magistrados, además de responsabilidades civiles y disciplinarias.

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