Marlaska, entre la escolta para Puigdemont y la persecución de guardias críticos
El Gobierno estudiará la petición del prófugo de que le pongan policías de guardaespaldas mientras Interior expedienta al portavoz de Jucil y a dos guardias más por criticar la amnistía
Fernando Grande-Marlaska
El Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska tiene dos patatas calientes derivadas de los pactos de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont. Dos patatas calientes que además demuestran la deriva de guante de hierro contra los críticos al Gobierno mientras al prófugo catalán se le trata con guante de seda. Así, mientras el ministerio de Interior expedienta a guardias civiles, por otro lado estudiará ponerle escolta a Carles Puigdemont.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha admitido que se está estudiando la petición del prófugo catalán de que el ministerio del Interior le ponga policías de escolta. “El ministerio del Interior tramitará y seguro que resolverá lo que proceda sobre la petición”, ha indicado Bolaños, añadiendo que "nadie cuestiona la seguridad de las personas y por muchas diferencias ideológicas que pueda haber".
Esta respuesta del Gobierno viene después de que el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, pidiera por carta al conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, la "asignación inmediata y con carácter de urgencia" de los efectivos de escolta de los Mossos.
El ministerio del Interior, por su parte, ha dejado en manos de la Generalitat de Cataluña la decisión de poner escolta de los Mossos d'Esquadra a Carles Puigdemont, una protección policial que sólo excluye en el caso de que precise del servicio fuera de España como Bélgica, donde huyó en 2017 para evitar la acción de la Justicia. Así que Marlaska le tira la pelota a la Generalitat que dirige ERC.
Expediente a los guardias civiles que critican la amnistía
Y mientras tanto, el ministerio del Interior no tiene contemplación con los guardias civiles que han criticado la amnistía. El departamento de Fernando Grande-Marlaska ha decretado la suspensión de empleo y sueldo por "falta muy grave" al portavoz de Jucil, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, por sus declaraciones contra la amnistía.
Asimismo, se expedienta a otros dos agentes de la Guardia Civil que pertenecen a la Asociación Pro-Guardia Civil (APROGC) después de estas asociación cargara contra la amnistía y a través de un comunicado aludiera a que su juramento como militares incluye “derramar sangre en defensa de España y la Constitución”.