Jueves negro para Pedro Sánchez: la Justicia, empresarios e Israel en su contra

No es exagerado definir este jueves 30 de noviembre como uno de los peores días para Pedro Sánchez desde que está al frente del Gobierno de España. El problema es que en su deriva arrastra a nuestro país con él. Varias decisiones judiciales, alguna diplomática, otras empresariales y actuaciones propias marcan en negro esta fecha en el calendario sanchista.

Primero el Pleno del Consejo General del Poder Judicial se ha opuesto a que Álvaro García Ortiz sea el idóneo para el cargo de fiscal general del Estado para el que ha sido propuesto por el Gobierno. La primera vez en democracia que ocurre. Posteriormente, el Tribunal Supremo ha revocado la designación de Magdalena Valerio, exministra socialista, como presidenta del Consejo de Estado, argumentando la falta del requisito legal de ser un "jurista de reconocido prestigio".

Israel, por su parte, ha llamado a consultas a su embajadora en España tras las polémicas declaraciones del presidente del Gobierno en una entrevista en TVE en la que acusó a Israel de vulnerar el derecho internacional humanitario y, para colmo, tildó de “anécdota” el vídeo que le mostró el Gobierno israelí, en su reciente visita a ese país, con 20 minutos terribles de los atentados salvajes de Hamás el 7 de octubre en Israel que incluyen barbaridades como violaciones grupales, torturas y asesinatos de niños delante de sus padres.

A nivel económico, grandes empresas como Repsol, Iberdrola, Naturgy y Endesa han advertido que están planteando desplazar millonarias inversiones previstas en España a otros países como Portugal o Francia.

Los varapalos del CGPJ y del Supremo

"Estamos ante un hundimiento institucional sin precedentes que afecta a la independencia judicial y al prestigio internacional de nuestro país", remarcan a ESdiario fuentes próximas a Feijóo.

Se trata este, sin duda, de un escenario tan preocupante como inusitado. "La decisión del CGPJ, aunque no es vinculante, dibuja el insólito escenario ante el que nos encontraremos si García Ortiz es renombrado como fiscal general. Sus polémicas palabras acerca del lawfare, y el reciente pronunciamiento judicial del Tribunal Supremo apreciando en la designación de Dolores Delgado una desviación de poder, denotan la politización del Ministerio Público en perjuicio del interés general", agrega a este periódico el abogado Pablo de Palacio.

En cuanto a la sentencia del Tribunal Supremo, destacar que "los requisitos que ha de reunir todo candidato propuesto para ser presidente del Consejo de Estado se regulan en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. Y son, uno, ser jurista de reconocido prestigio y, dos, acreditar experiencia en asuntos de Estado", explica a ESdiario el abogado Carlos Cotón.

El segundo de los requisitos, Magdalena Valerio lo cumple por cuanto a lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos de responsabilidad pública. Ahora bien, respecto al primero de los requisitos, cuya idoneidad valora el Tribunal Supremo, no lo reúne.

Llueve sobre mojado porque el Supremo hace unos días anuló el ascenso de Dolores Delgado a Fiscal de Sala, la máxima categoría, promovida “con desviación de poder” por el fiscal general, Alvaro García Ortiz. La respuesta de Sánchez fue renovarle para otro cuatro años más.

Desde el PP, tal y como ha podido conocer este periódico, exigirán que "el Gobierno acepte el veredicto de la Justicia y no se empeñe en mantener a la presidenta del Consejo de Estado y al fiscal general del Estado tras cuestionarse, una vez más, nuestro Estado de derecho con dos varapalos que no tienen antecedentes en nuestra historia democrática".

Israel llama a consultas a su embajadora en España

"Tras las indignantes palabras del presidente del Gobierno de España, que repite acusaciones infundadas, decidí llamar a la embajadora de Israel en España para que volviera a consultas en Jerusalén", ha anunciado el ministro de Exteriores israelí, Eli Cohen, en un mensaje en redes sociales.

"Israel actúa y seguirá actuando según el derecho internacional, y continuaremos la guerra hasta la liberación de todos los secuestrados y la eliminación de Hamás en Gaza", ha insistido el titular israelí de Exteriores.

No cabe duda alguna de que la actuación de Sánchez en este asunto es completamente impropia, que incomoda a Israel, a la Unión Europea y a todos los socios occidentales de nuestro país. Va a traer cola y consecuencias que veremos para España.

Desde el PP tachan de "irresponsabilidad" la actuación del Gobierno en materia exterior y critican "el desahogo con la que Sánchez ha abordado esta crisis internacional" y que "viene a demostrar que el presidente del Gobierno se ha empeñado en dañar las relaciones con Israel, en el peor momento para el país hebreo".

Las grandes empresas amenazan con llevar inversiones fuera de España

Cuando parecía que el día era ya un calvario para el Gobierno, llegó el presidente de Repsol; Antonio Brufau, y amenazó al Gobierno con llevarse a fuera de España, a Francia y Portugal, inversiones de 1.500 millones de euros ante la asfixia fiscal y la inseguridad jurídica a las que les tiene sometidos el gobierno sanchista.

Brufau solo mete el dedo en llaga de una herida en la que también han hurgado otras grandes multinacionales españolas como Endesa o Iberdrola. El sector de las energéticas se rebela contra los impuestos populistas de Sánchez y el precio lo paga España.

Concretamente, el presidente de Repsol ha advertido este jueves de que si no hay "estabilidad jurídica y fiscal" en España, las inversiones por 1.500 millones de euros que la energética prevé llevar a cabo en el país para impulsar el hidrógeno renovable se irán a "Portugal o a Francia". Una posibilidad que manejan también Iberdrola, Naturgy y Endesa, entre otras.

La reunión secreta con verificador entre el PSOE y Junts

Los varapalos de la Justicia y de Israel al Ejecutivo han ocurrido en el mismo día en el que hemos sabido que Junts -con el prófugo Puigdemont a la cabeza- y el PSOE o el Gobierno, porque todo se mezcla, se sentarán delante de un verificador internacional en Suiza este próximo sábado para empezar a negociar aspectos incluidos en el acuerdo de investidura.

Sánchez lo ha reconocido sin inmutarse, con toda naturalidad, en una entrevista en TVE. Tamaña humillación para nuestro país era impensable hace unos meses. En esos encuentros -que nadie aclara por cierto quién va a pagar- se hablará de las pretensiones de Junts de un referéndum de autodeterminación y de la cesión del 100% de los impuestos a Cataluña, entre otras cosas. Y si no hay avances, el propio prófugo ha adelantado que no habrá legislatura posible.

"Se conocerá la persona que nos va a acompañar en ese proceso de diálogo, tanto con ERC como con Junts per Catalunya", garantizó el propio Pedro Sánchez en TVE, pero lo cierto es que -hasta ahora- todo ese alarde de transparencia que profesa el Gobierno-PSOE se ha fundido en un infranqueable oscurantismo. Reconoció, al menos, el presidente del Gobierno que negociar el destino de España fuera del país y con verificador "es, efectivamente, un mecanismo excepcional".

Es difícil caer en una deriva de degradación institucional mayor que esta en la que ha metido a España el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para saciar su ambición personal de poder. El descrédito es tremendo, el daño es enorme, pero aquí va un adelanto: no va a suceder nada.