La Constitución cumple 45 años amenazada por Puigdemont, que somete a Sánchez

"La amnistía no cabe", "eso no es planteable en un estado constitucional, porque sería suprimir el poder judicial", "no va a haber amnistía ni referéndum", estas no son afirmaciones de Feijóo o Abascal. Ni tan siquiera de algún otro político del PP o de Vox. Aunque 134 días después desde los pasados comicios generales del 23 de julio en buena parte de las filas socialistas se haya sufrido, parece, una amnesia selectiva, la inconstitucionalidad de la ya tramitada en el Congreso Ley de Amnistía -con la única firma de Patxi López- era lo que desde el PSOE, incluido Pedro Sánchez, profesaban con férrea contundencia.

Todo ha cambiado desde entonces. Y no solo se acepta ahora desde el PSOE la amnistía como animal de compañía."Si Puigdemont busca una mediación, que venga al Congreso, que es el perfecto mediador", aseveró el mismísimo Pedro Sánchez en 2017. Qué recuerdos aquellos. Ahora, un incontrovertible cambio de opinión ha llevado al presidente del Gobierno a asegurar que "la amnistía no era el paso siguiente que quería dar, pero es coherente para normalizar Cataluña" -este pasado jueves en La 1- y a justifica al verificador porque "puede facilitar la negociación, tenemos que abordar la convivencia y superar la situación de 2017" -este lunes en la Cadena SER-.

No será, desde luego, tarea fácil para Francisco Galindo, el mediador salvadoreño acordado entre Junts y el PSOE, o diplomático acompañante como tildan en forma de eufemismo varios dirigentes socialistas, garantizar que Pedro Sánchez -vía sus negociadores enviados- no cambie de opinión una vez más. Pocos quisieran estar en su pellejo a tenor de la hemeroteca.

Pero más allá del dislate que representa el que un todavía fugado de la justicia española que vive en Waterloo (Bélgica) obligue al PSOE a desplazarse a Ginebra (Suiza), un país que no pertenece -tan siquiera- a la Unión Europea, para negociar las garantías de continuidad del Gobierno de España, lo que preocupa es el retorcimiento de varios artículos de la Constitución Española.

El artículo 14 de la CE, en jaque

"Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social", se lee en nuestra Ley Fundamental.

Son muchos los expertos jurídicos que alertan de que la amnistía, precisamente, va en contra de este más elemental principio constitucional que rige cualquier Estado de Derecho en una democracia: "Es evidente que la ley de amnistía conculca derechos tan importantes como el de la igualdad entre españoles y el de la independencia judicial", remarca a ESdiario el abogado Pablo de Palacio.

"No será la última vez que convoque a todos los españoles que creen en la libertad, en la Constitución, en la convivencia y en la igualdad. Estaremos mientras sea necesario defender la verdad frente a la mentira y defender la democracia", aseveró, por su parte, Feijóo este pasado domingo en un acto "en defensa" de la Constitución.

El artículo 117 de la CE, cuestionado

"La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley", reza nuestra Constitución.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera, sin embargo, que "no hay caso más paradigmático de lawfare que el secuestro del Poder Judicial por el PP" o que "¿Se han instrumentalizado instituciones? Definitivamente", asumiendo, sin tapujos, el tan condenado -por todas las asociaciones de jueces- concepto de politización de la justicia acuñado por los independentistas catalanes.

El líder del Ejecutivo considera, así, que la justicia en España, a diferencia de lo que emana de la Constitución, carece de una férrea independencia propia de cualquier Estado democrático. Cuestiona, por tanto, el artículo 117 de nuestra Ley Fundamental en favor de las tesis de Junts y ERC.

El artículo 62 de la CE, retorcido

"Corresponde al Rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales", manifiesta nuestra Constitución.

"Si los indultos generales están prohibidos, la amnistía está prohibida porque quién prohíbe lo menos, prohíbe lo más", aseguró hace unos días el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. En su línea, son muchos expertos jurídicos que consideran que la amnistía es inconstitucional porque expresamente se prohíben los indultos generales.

A pesar de ello, la Secretaría General del Congreso, que ocupa Fernando Galindo, que fue cargo del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid cuando Sánchez era concejal, admitió hace unas semanas que puede haber “posibles motivos de inconstitucionalidad” en la proposición de ley de amnistía presentada por el PSOE, pero que no existe una contradicción tan “palmaria” con la Carta Magna como para que la Mesa del Congreso impida su tramitación.

Se comprobará, en todo caso, qué concluye el Tribunal Constitucional una vez que la amnistía sea aprobada en el Congreso y el PP, como ya anunció, la recurra.

El artículo 2 de la CE, amenazado

"La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas", se lee ya en las primeras páginas de nuestra Ley Fundamental.

La amnistía no es "un punto y final", aseguró el propio el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès (ERC), hace un mes. "La amnistía es una gran victoria, pero también tenemos que tener muy claro que la amnistía no es un punto y final", aseveró, para acto seguido reconocer que "es hora de avanzar hacia el referéndum".

Ni desde las filas de Junts ni desde las de ERC ocultan que tras la amnistía, ya conseguida, vendrá el referéndum de autodeterminación. ¿Habrá otro cambio de opinión de Pedro Sánchez en torno al referéndum? Esa es la pregunta que muchos se hacen en estos momentos.

"Desde el Partido Popular lamentamos que una fecha tan señalada como es el 45 aniversario de nuestra Constitución no pueda ser celebrada en condiciones de normalidad democrática", señala una solvente fuente del PP consultada. Y es que el malestar por el "mitin en contra de Ayuso", catalogan los populares, que dio el delegado del Gobierno en Madrid en el acto del aniversario de la Constitución de esta lunes organizado por la Comunidad de Madrid, es hondo.

"Entre la falta de institucionalidad y los envites de este gobierno contra la Constitución que hoy en particular deberíamos estar defendiendo, lo que apreciamos es una degradación de los principios más fundamentales que deben regir una democracia como la nuestra", subraya la misma fuente del PP consultada por este periódico.