Irene Montero: entre los 63.532 euros de exministra y los 93.312 de eurodiputada
La antigua titular de Igualdad tiene garantizado un sueldo durante los dos próximos años por ese cargo, pero si acaba en la UE sus ingresos se dispararían considerablemente
Irene Montero, el sábado, en el acto en el que Podemos desveló que podría ser su cabeza de lista para las europeas.
La pasará por el proceso de primarias dentro de la propia formación política. Las elecciones europeas se presentan para los morados como un potencial de generar un cambio significativo, dado que la celebración en circunscripción única en todo el territorio español asegura que cada voto tenga el mismo peso. Con esta premisa, confían en poder pelear con Sumar buscando redefinir la influencia de cada uno más allá de la cantidad de diputados que resultaron de la coalición electoral, ya dinamitada, del pasado 23J.
Mientras Irene Montero aguarda los resultados de las primarias de Podemos que determinarán su futuro político, tiene que decidir a qué sueldo se queda: si al de ex ministra, por dos años, o al de eurodiputada. Sueldos que no son precisamente bajos. Resulta relevante destacar que ser parlamentario europeo conlleva unas ventajas económicas importantes. Hasta ahora, entre los años 2020 y 2023, su sueldo como Ministra de Igualdad ascendía a 6.617,93 euros brutos mensuales, llegando a alcanzar los 79.415 euros anuales.
En el caso de Europa, según lo establecido en el Estatuto único a 1 de enero de 2023, la asignación mensual para los diputados al Parlamento Europeo es de 9.975,42 euros antes de impuestos. Pero tras deducir varios impuestos, seguros y ajustes, la asignación final es de 7.776,06 euros. O lo que es lo mismo, 93.312 euros anuales. Además del sueldo base, un eurodiputado recibe otros complementos para cubrir lo que implique el ejercicio de sus funciones.
Incompatibilidades
Irene Montero tendrá, en caso de ser elegida eurodiputada, que dejar de percibir la cantidad asignada para exministros, que en su caso ascendería a 63.532 euros anuales durante dos años. Esa cantidad, que primero debe ser aprobada por la OCI (la Oficina de Conflicto de Intereses), es incompatible con cualquier otro sueldo público o privado, tal y como figura en la ley que regula el ejercicio de los altos cargos. También es incompatible con la percepción de la pensión de jubilación.