La guerra del Gobierno con los jueces sigue: “Han dejado de ser loables"

Entre las funciones de cualquier Gobierno democrático se haya el amparo de la separación de poderes. De poco sirve que alce la voz y se ponga estupendo con la robustez del Estado de Derecho si después depende de unos socios obsesionados con la voladura del espíritu y la letra de la Constitución. Son las agarraderas del enlatado “progresismo” de Sánchez.

Esa circunstancia de imprescindibles para el sostén del presidente imprime por sí sola inquietud en la opinión pública. Si, además, el gobernante en cuestión no tiene problema moral a la hora de complacer a sus aliados, la gravedad alcanza cuotas anormales. Lógico.

Sánchez se retrata ya a diario. Tras cruzar una línea hasta ahora supuestamente infranqueable, llega la siguiente. Él mismo ha decidido jugar con la capacidad de asombro del ciudadano de a pie mientras hurta cualquier explicación sobre sus pasos.

Y así ha amontonado la amnistía, el verificador internacional, la rehabilitación de Carles Puigdemont, la entrega de Pamplona a Bildu, etc., etc. Con sus desperfectos iniciales a la espalda, Sánchez fue capaz de pedir la semana pasada a sus empleados de la sede de Ferraz que eviten dejarse llevar por el “ruido” que, según él, agita el PP. El secretario general del PSOE fue, desde luego, taxativo. Eso me cuentan.

Los separatistas jamás ocultan sus objetivos e incluso antes de tener aprobada la amnistía ya fijan su siguiente estación, es decir, la celebración de un referéndum que desemboque en la independencia. El sendero se antoja largo, pero ellos hacen sus paradas como el señalamiento expreso de jueces.

En nombre de Junts, Míriam Nogueras apuntó a Pablo Llarena, Manuel Marchena, Carlos Lesmes, Carmen Lamelas o Concepción Espejel. Y, desde entonces, los de Puigdemont han redoblado su cuestionamiento de unos jueces a los que esperan arrinconar en una de las comisiones de investigación parlamentaria montada con la aquiescencia socialista.

Sánchez y el Poder Judicial

Los equilibrismos del Gobierno en ningún caso ocultan el sentimiento interno de resistencia del Poder Judicial a sus planes. En La Moncloa aún braman por los golpes contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, o la falta de idoneidad de Magdalena Valerio para presidir el Consejo de Estado. Así pues, si los separatistas les hacen la guerra a los jueces, bienvenido sea, toda vez hay en el entorno presidencial quienes consideran que hace tiempo que “dejaron de ser loables”.

Las defensas con la boca pequeña del Gobierno del Poder Judicial son enterradas bajo los pronunciamientos machacones del independentismo. El afán de legislar a la carta, buscando en definitiva las salvaguardas personales, con nombres y apellidos, y no generales, siempre está

cargado de riesgos y supone un auténtico dislate. Ante esa realidad, La Moncloa enmudece.