Pumpido y el exministro Campo allanan el camino para el "lavado final" de Otegi

Paradojas del destino, casi dos décadas después, Cándido Conde Pumpido, Arnaldo Otegi y las togas manchadas con el “polvo del camino” vuelven a encontrarse en la primera línea de la política española.

Aunque las cosas han cambiado desde aquel enjuage del gobierno socialista de Jose Luis Rodríguez Zapatero durante la negociación con ETA. Pumpido ya no es Fiscal General del Estado sino presidente del Tribunal Constitucional, Otegi ya no es un terrorista con muy mala prensa si no un hombre de Estado y en Moncloa reside una nemesis de aquel ZP, Pedro Sánchez. Y ahora Pumpido reaparece para oficializar el lavado definitivo del líder de Bildu.

El Pleno del TC estudiará la próxima semana un borrador de sentencia donde el titular de Justicia de Sánchez, Juan Carlos Campo, propone dar la razón a Arnaldo Otegi, contra el fallo del Tribunal Supremo que ordenó repetir el juicio en su contra por el caso Bateragune.

Según las fuentes jurídicas consultadas, Campo -colocado a dedo por el presidente del Gobierno en el TC en una decisión inédita- razona que volver a sentar al jefe de Bildu en el banquillo por este asunto sería una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

Además, las mismas fuentes indican que la sentencia redactada por Campo, y que previsiblemente saldrá adelante con el apoyo de la mayoría progresista de la corte de garantías, abre la puerta a que Otegi pueda reclamar una indemnización al Estado al declarar vulnerados sus derechos fundamentales.

De esta forma, Campo asume la tesis de Fiscalía que, en un informe emitido hace un año, abogó igualmente por amparar al líder de Bildu al advertir una posible vulneración del citado derecho.

Fue en 2020 cuando el TS anuló la sentencia dictada en 2012 por la Audiencia Nacional que condenó a Otegi y los demás acusados a penas de entre 6 años y 6 años y medio de prisión por un delito de pertenencia a organización terrorista. Siguió el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que determinó que la AN vulneró el artículo 6.1 del Convenio Europeo, ya que entendía el "temor legítimo" de los acusados a una falta de imparcialidad del tribunal.

Estrasburgo no vio "ninguna evidencia" que llevara a pensar que en el tribunal había "animadversión personal" hacia los acusados, pero sí que las "dudas" de éstos estaban "justificadas". Así, rechazó "cualquier indemnización para los recurrentes en concepto de daño moral, considerando suficiente la constatación de la declaración de la vulneración del derecho solicitado.

En su sentencia, de 2018, el TEDH indicó que el juicio de la Audiencia Nacional no cumplió con todas las garantías, al formar parte del tribunal la magistrada Ángela Murillo, quien anteriormente (2010) había sido apartada por supuesta falta de imparcialidad en un juicio anterior por enaltecimiento del terrorismo en el que también estaba acusado Otegi.

En aquella vista oral, Murillo preguntó a Otegi si condenaba a ETA y, ante la negativa de éste a ofrecer una respuesta, la juez le dijo que ya sabía que no le iba a contestar. El Supremo apartó del caso a la magistrada, que ejercía de presidenta del tribunal, al apreciar en ella "prejuicio". La vista oral fue repetida y el entonces exportavoz de Batasuna resultó absuelto en ese procedimiento.

La sentencia redactada por el exministro Campo, y que previsiblemente saldrá adelante con el apoyo de la mayoría progresista, abre la puerta a que Otegi pueda reclamar una indemnización al Estado al declarar vulnerados sus derechos fundamentales.

Tras recibir el fallo del Supremo, Otegi acudió en amparo al Constitucional, que acordó tramitar la impugnación accediendo también a la medida cautelar solicitada por el político vasco, con lo que dejó en suspenso la ejecución de la sentencia del TS hasta resolver el fondo del asunto, cuestión que ahora se dispone a ventilar... en favor del líder de Bildu.