Sánchez, sometido a Puigdemont: cesiones inasumibles para aprobar los decretos
Un acuerdo in extremis con Puigdemont permite al Gobierno aprobar dos de sus tres decretos a cambio de concesiones humillantes y disparatadas que pueden ir incluso contra la ley.
Pedro Sánchez ha salvado in extremis dos de sus tres decretos con nuevas cesiones a los independentistas de Junts que en el último instante decidieron ausentarse de la votación, no participar. El que no ha salido adelante ha sido la reforma del subsidio de desempleo, auspiciado por Yolanda Díaz, debido a que sus archienemigos de Podemos han votado en contra solo de esa norma. En todo caso, el Gobierno ha intentado evitar las palabras fracaso y rechazo en los titulares a cambio de otra quizás más dura y con peores consecuencias para España: humillación. Otra vez Sánchez ha tenido que ceder ante las disparatadas exigencias de Junts, algunas sin encaje legal posible. El que manda es Puigdemont.
Junts apretó la soga alrededor del cuello del Gobierno hasta el último segundo de la votación, que tuvo que ser telemática debido a que el Congreso está en obras y la sesión se desarrolló en la sede del Senado. Al final acordaron, con las cuentas echadas, que Junts no votara sabiendo que era suficiente eso para sacar adelante los decretos. Tanta fue la presión y tan pocos los escrúpulos de Sánchez que el presidente acabó cediendo en dos cuestiones disparatadas que exigían los de Puigdemont.
Puigdemont ha demostrado que manda él y le ha dejado claro al presidente del Gobierno que tendrá que pasar por el aro, un aro muy caro, cada vez que pretenda sacar alguna medida adelante. La legislatura así es insoportable e inasumible para España
Por un lado, el acuerdo prevé la supresión del artículo 43 Bis de la Ley de Enjuiciamiento civil que, según Junts, "amenazaba la viabilidad de la futura ley de amnistía". Ese artículo ponía negro sobre blanco que las cuestiones prejudiciales presentadas por un juez española ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) paralizaban la aplicación de la ley recurrida. Según dijo hace unos días el ministro de presidencia, Félix Bolaños, era una exigencia de la UE para aprobar la liberación de otros 10.000 millones de euros de ayudas europeas a España. Si el ministro no mentía, eso queda ahora comprometido.
Ataque a la libertad de las empresas para que vuelvan a Cataluña
Además, el Gobierno acepta, según traslada Junts, una "reforma de la ley de sociedades de capital mediante Consejo de Ministros para revertir el RD del PP en 2017 y que las empresas puedan volver a Cataluña". No especifica más, pero queda claro que se van a tomar medidas que obliguen a volver a las compañías que huyeron por miedo al procés. Otro disparate que atenta contra la libertad de empresa y contra las normas españolas y europeas.
Otra cesión que anuncia Junts y que no tiene sustento legal es "la delegación de las competencias sobre inmigración en la Generalitat, mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución española a través de una ley orgánica específica para Cataluña". Olvida Junts y al parecer el Gobierno que el artículo 149 de la Constitución deja claro que una competencia exclusiva del Estado es todo lo relativo a "nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo".
En definitiva, el Gobierno logra salvar sobre la campana sus decretos con cesiones inasumibles e ilegales. La legalidad es maleable a las necesidades de Sánchez que vuelve a demostrar que no tiene límites. Lo peor, no obstante, es que Puigdemont ha demostrado que manda él y le ha dejado claro al presidente del Gobierno que tendrá que pasar por el aro, un aro muy caro, cada vez que pretenda sacar alguna medida adelante. La legislatura así es insoportable e inasumible para España.
Las mentiras del Gobierno, al descubierto
Primero, por no haber podido sacar adelante por completo las medidas que preveían estos tres decretos (decreto ómnibus, la reforma del subsidio por desempleo y las medidas anticrisis). A esta hora están en el aire algunas, como las que afectan directamente a nuestro bolsillo como la rebaja del IVA a la luz y el gas, pendientes de que se repita la votación debido a que se ha registrado un empate. Segundo, por la imagen de inestabilidad que arroja el Ejecutivo ante los ciudadanos. Y, tercero, y más importante, porque deja al descubierto dos grandes mentiras de Sánchez sobre las que ha asentado la legislatura.
No hay una mayoría de izquierdas en España, una mayoría progresista, como la define el PSOE. Es falso y ha quedado de manifiesto en el rechazo a los decretos
Además, queda claro que lo sucedido en las últimas horas tumba el relato del PSOE aquel 9 de noviembre cuando, desde Bruselas, el número tres del partido, Santos Cerdán, anunciaba el acuerdo alcanzado con el prófugo Puigdemont. “No es un acuerdo de investidura, es un acuerdo de legislatura entre el PSOE y Junts, para dar estabilidad a la legislatura durante 4 años”, dijo literalmente entonces.
Trataba el PSOE de hacer creer a la opinión pública que la ley de amnistía y los demás puntos del acuerdo (mesa de diálogo en el extranjero con un verificador internacional y estudio de la cesión del 100% de los impuestos a Cataluña, entre otras) merecían la pena para que España pudiera tener no solo un Gobierno y no solo un Gobierno estable, también un Gobierno progresista frente a la extrema derecha encarnada en el PP y Vox.
No hay mayoría progresista
Y aquí llegamos a la segunda falacia sobre la que se asienta la legislatura: no hay una mayoría de izquierdas en España, una mayoría progresista, como la define el PSOE. Pedro Sánchez afirmó tras las elecciones del 23 de julio que iba a intentar su investidura aún siendo el segundo partido más votado precisamente porque los españoles habían votado mayoritariamente opciones progresistas.
En concreto, tras acudir a la Zarzuela dentro de la ronda de contactos iniciada por el Rey para designar un candidato a la investidura, Sánchez afirmó en una rueda de prensa que “solamente hay una mayoría parlamentaria posible, una mayoría progresista liderada por el Partido Socialista Obrero Español”.
La realidad es que no hay tal mayoría. Junts no es un partido de izquierdas y por lo tanto tampoco es un partido progresista tal y como concibe ese término la izquierda española. Tampoco lo es el PNV a pesar de que en esta ocasión sí respalde los decretos del Gobierno. Lo que hay es una confluencia de intereses que hacen que los partidos separatistas prefieran que gobierne Sánchez en lugar de Feijóo.