Sánchez y Junts juegan con fuego: ceder la inmigración sería inconstitucional

Pedro Sánchez lo vuelve a hacer. Cuando todo indicaba que sus decretos no saldrían adelante por las reticencias de Junts, el presidente del Gobierno volvió a bajarse los pantalones políticamente hablando para acordar sobre la bocina más cesiones a los independentistas a cambio de su abstención en las votaciones de este miércoles. Los de Carles Puigdemont jugaron al despiste y presionaron para, como suele ser habitual, poner contra las cuerdas hasta el último momento al líder socialista y sacar tajada de su necesidad.

Algo que, preocupantemente, se ha convertido en costumbre y desde el PSOE tratan de camuflar bajo la famosa palabra de convivencia y del concepto de "mejora del conflicto independentista catalán". Esta vez fueron varias las cesiones pero la referente a la inmigración lo hace por encima del resto porque es, según el Tribunal Constitucional, “absolutamente inconstitucional”. Así se entiende de la sentencia del Estatut, cuando el alto tribunal dejó claro que la inmigración es una competencia exclusiva del Estado.

En dicha sentencia se especifica que las Comunidades, en este caso Cataluña, lógicamente sí pueden tener potestad en ciertos aspectos (ya que el fenómeno migratorio no puede considerarse un ámbito de "alcance ilimitado") como pueden ser la integración y regulación laboral de los extranjeros una vez se encuentran en ese territorio. Sin embargo, en el acuerdo entre Junts y PSOE hablan de la “delegación INTEGRAL de las competencias de inmigración en la Generalitat”.

El Tribunal Constitucional alude, lógicamente, a la Constitución. En concreto al artículo 149 que dice claramente: “El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: (…) Nacionalidad, INMIGRACIÓN , emigración, extranjería y derecho de asilo”. Por lo tanto, integral no puede ser. Otra cosa es que hayan pactado en ciertos aspectos concretos y desde Junts vendan una victoria absoluta sobre Sánchez. A pesar de ello, el ministro Félix Bolaños ha afirmado este jueves que la Constitución sí que lo permite.

No solo el TC pone frenos a este acuerdo. También podemos tener en cuenta en este punto la declaración del Consejo Consultivo de Cataluña sobre el borrador del Estatut, en el que denunciaron inconstitucionalidad en 19 preceptos del mismo, siendo la inmigración una de las materias en las que consideraban que se excedían precisamente porque esta es, tal y como queda claro en la Carta Magna, competencia exclusiva del Estado.

Sea como sea, Sánchez y Puigdemont se encuentran de nuevo con la Constitución frenando sus acuerdos. Lo que también queda evidenciado de nuevo es la debilidad del actual Gobierno, que será la constante durante toda la legislatura. Y también queda evidenciado que Sánchez puede ser una auténtica mina de oro para los independentistas, sabedores de tener en sus manos la aprobación de las leyes y decretos de la alianza progresista que a día de hoy gobierna España.