La CEOE planta cara a Yolanda Díaz tras la subida del SMI urdida a sus espaldas

Este viernes el ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz y los representantes de los sindicatos CC.OO y UGT han llegado a un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 5% y situarlo para este 2024 en los 1.134 euros (hasta ahora eran 1.080). Todo ello tras la negativa inicial de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), desde donde critican la falta de esfuerzo negociador por parte de un Gobierno que ha acabado cediendo para garantizarse el apoyo de una parte de los agentes sociales.

No solo esto sino que en un comunicado reaccionando a la noticia han mandado un serio aviso ya que no es oro todo lo que reluce. Y es que sí, subir el sueldo mínimo puede parecer que no tiene ninguna consecuencia negativa. Sin embargo, tal y como expresan en este documento desde la CEOE, puede suponer un problema para muchas empresas (especialmente PYMES) y para los autónomos que las dirigen. Respuesta que ha tenido también su contestación por parte de la propia líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno.

Desde la patronal aclaran que ellos también querían la subida del SMI y recuerdan que fueron ellas las que pusieron encima de la mesa esa posibilidad, pero primero un incremento de entre el 3% y 4% para que el impacto en las empresas fuera menor. Con todo ello, destacan que existen ámbitos concretos en los que la subida del SMI “puede hacer incurrir en pérdidas o incluso en la quiebra a muchas empresas de determinados sectores y territorios”, siendo las pymes y los autónomos como decimos los más perjudicados.

Desde la organización que preside Antonio Garamendi explican que este tipo de compañías “no pueden planificar de un año para otro cuál será el aumento de los costes derivados del salario mínimo”. Además la CEOE carga contra Yolanda Díaz y su ministerio por la forma en la que se han llevado las negociaciones: “Hemos asistido a un hecho insólito. Se ha tratado de plantear la subida del SMI en términos de premio o castigo a la adhesión o rechazo de los empresarios al acuerdo, lejos de adoptarla en función de criterios técnicos, tal y como indica la ley”.