La hipocresía del Gobierno: de la "xenofobia" con Vox al silencio con Junts

Una nueva palabra se ha vuelto tabú tanto en el PSOE como, por extensión -cada día se diluye más la separación-, en La Moncloa. Y todo por obra y gracia de Junts. "Xenófobo", el que otrora constituía un calificativo tan reiterado por los socialistas para deslegitimar algunas propuestas de la oposición, especialmente las de Vox en materia de inmigración, ahora, como si por arte de cesión se tratara, es imposible de conseguir que lo verbalicen. No hay manera.

"No me siento cómodo", es la mayor crítica que, hasta ahora, desde el PSOE -de la mano de Patxi López- y el Gobierno han hecho a las declaraciones de la semana pasada del secretario general de Junts, Jordi Turull, sobre la competencia para expulsar a inmigrantes que reincidan en delincuencia que exigen: "Tenemos que mirar en qué condiciones se les puede echar". "Todo lo que se pueda decidir desde Cataluña es positivo", recalcó el de Puigdemont.

Una propuesta que en poco se diferencia a la explícitamente realizada por Vox en el Congreso, sin ir más lejos, el pasado dos de noviembre: "Expulsar de forma inmediata a todos los inmigrantes ilegales que hayan accedido a nuestro país", defienden los de Abascal. Una medida que, según Pedro Sánchez, nada se parece a la de Junts. "Yo escuché ayer al secretario general de Junts per Cataluña decir que no son un partido xenófobo", así zanja el presidente del Gobierno la pregunta sobre las similitudes de la medida entre Vox y Junts.

Cuando Sánchez equiparaba a Junts con Vox

No solo desde el Gobierno de España son incapaces de percibir -ahora- la evidente similitud entre la propuesta de Vox y la de Junts en materia de inmigración, sino que, además, existe toda una completa hemeroteca que incuestionablemente manifiesta la hipocresía del Ejecutivo de Sánchez -y la suya propia-.

"Lo que quiere la sociedad catalana es orillar esas expresiones de extremismo, o de xenofobia o de odio que se manifiestan en la ultraderecha de Vox, allí también en Cataluña, y también entre destacados miembros de su candidatura, señoría [Miriam Nogueras] que no se quedan atrás ni en el odio, ni en las expresiones de extremismo y xenofobia. Eso también ustedes se lo tienen que hacer ver", aseguraba el Pedro Sánchez del pasado. Concretamente el del 2021, el que no dependía de Junts.

En este sentido, a la pregunta de ESdiario a una muy solvente fuente del Gobierno de España sobre si están negociando con Junts una cesión que se enmarca en la xenofobia, la respuesta ha sido tan breve como ambigua: "Cada partido pone el foco en lo que más le interesa", aseveró. Al tiempo, eso sí, que aseguró que "es que nunca podrán expulsar a inmigrantes", refiriéndose a los de Puigdemont y la competencia que reclaman para la Generalitat. Nada, sin embargo, de xenofobia se escucha por los pasillos de La Moncloa, tal y como este periódico ha atestiguado.

"Se asoma la epidemia del odio, el racismo y la xenofobia”, advirtió el PSOE, a través de un diputado en el Congreso, a Vox hace un tiempo.“Si no paran de envenenar con su odio, se romperá España y ustedes serán los culpables”, se señaló desde el partido de Pedro Sánchez ante las históricas peticiones de los de Abascal de expulsar a inmigrantes reincidentes. El silencio con Junts, ante el deseo de Sánchez de continuar morando La Moncloa, choca, pues, frontalmente con lo que antaño defendían. Un nuevo cambio de opinión, parece.

La actual Ley ya permite expulsar a inmigrantes delincuentes reincidentes

Más allá de la manifiesta hipocresía del Gobierno mostrada con Junts, tanto la Constitución Española como la Ley de Extranjería y el Código Penal son claros en materia de inmigración. Con las actuales normas encima de la mesa, el Ejecutivo -avalado por un juez- ya puede expulsar a inmigrantes delincuentes reincidentes.

La Constitución Española, en el artículo 149, recoge de manera explícita que el Estado es el que tiene la competencia "exclusiva" en materia de inmigración. La Ley de Extranjería recoge, por su parte, en el artículo 57 de "expulsión del territorio" que "constituirá causa de expulsión, previa tramitación del correspondiente expediente, que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados". Además, también se explicita en el artículo 89 del Código Penal que "las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español. Excepcionalmente, cuando resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico", en todo caso todo deberá estar supervisado y permitido por un juez.