El "vía crucis" de la amnistía: Puigdemont y Sánchez no encuentran la salida

Carles Puigdemont lo ha vuelto a hacer: ha vuelto a poner la legislatura patas arriba y al Gobierno de Pedro Sánchez en la cuerda floja, al votar contra la Ley de Amnistía que, hasta que los jueces implicaron al fugado en posibles delitos de terrorismo o de alta traición y ataques a la seguridad del Estado, Junts patrocinaba en el Congreso.

Desde Junts no consideran suficiente escudo protector el texto que previamente habían pactado y piden más y más. De lo contrario, amenazan con dejar caer al Gobierno y a la legislatura: sin presupuestos y sin recorrido legislativo –tampoco a golpe de Decreto que después no podrían convalidar con los votos de Junts-.

Las amenazas no han hecho mella por ahora en el Gobierno, que insiste en que la Ley de Amnistía es constitucional y que los independentistas serán amnistiados (Pedro Sánchez dixit) pero la confianza de Puigdemont en la palabra del presidente del Gobierno y en la Justicia española deja muchísimo que desear, con lo que la amnistía ha quedado en vía muerta o quizás en tiempo muerto.

Sea cual sea la respuesta del TC, el Senado daría una vuelta más de tuerca a la estrategia de retrasar la aprobación de la futura Ley y daría más material a la UE sobre las dudas razonables que ese texto genera a un buen número de juristas.

Los más susceptibles dirigentes del PP creen ver una “tregua” pactada entre Junts y el PSOE para que pasen las elecciones gallegas y el resultado no sea un varapalo al PSOE, como amenaza ser, según varias encuestas. Y eso podría ser válido si desde Junts guardasen silencio, pero nada más lejos de la realidad. Cada día el Ejecutivo se tiene que desayunar con una amenaza u otra del entorno de Puigdemont.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras.

Hay quienes dicen cosas tan surrealistas como que prefieren que la futura Ley de Amnistía sea rechazada por inconstitucional que haber perdido la oportunidad de blindar a Puigdemont, los CDR y tanto participante violento en aquellos días aciagos de 2017.

Lo dice sin sonrojo ( porque las tonterías merecen al menos un cierto rubor del que las dice a sabiendas) Laura Borràs, compañera, aunque no tan amiga como pudiera parecer, de Puigdemont. Quizás es ser malpensada, pero ¿no suena esta declaración de Borràs un tanto extraña, viniendo de alguien que queda excluida del texto que estuvo a punto de ser aprobado?

Que cada cual saque sus conclusiones, pero dentro del mundo independentista hay quien tiene claro que lo que ha hecho Borràs es un “si yo no me salvo, tú tampoco, Carles…”

La cuestión es que el PP, que está ojo avizor, sigue con su estrategia de meter presión allá donde puede. Y puede ser una molesta china en el zapato de Sánchez. De hecho, sin caer en maniobras inconstitucionales y subversivas, como lo que propone Vox, de negarse a tramitar la Ley de Amnistía, está desplegando una estrategia bastante más sensata y medida, en favor de sus intereses.

De entrada, el texto que llegue (porque en el PP dan por hecho que la Ley de Amnistía llegará al Senado) no será tramitado en la Comisión de Justicia, como ha ocurrido en el Congreso de los Diputados, sino en la Comisión Constitucional.

Nadie sabe a estas alturas qué texto llegará al Senado, porque tanto Gobierno como Junts no se mueven de sus posiciones… hasta nuevo aviso.

Se preguntarán por qué es tan importante dónde se pueda tramitar. Y la respuesta es el siguiente paso que tiene previsto dar el PP, según fuentes de su dirección: será la Comisión Constitucional del Senado la que se encargue de llegar a la conclusión de que el texto no es constitucional o, por lo menos, plantea serias dudas sobre su constitucionalidad, con lo que, antes de seguir tramitándola, podrán ejercer su derecho de remitir una cuestión de constitucionalidad al Tribunal Constitucional.

Así pues, el Senado no se negaría a tramitar algo que le llega del Congreso, ni se declararía en rebeldía, como parece querer Vox que se haga, sino que plantearía sus dudas ante el órgano que preside Cándido Conde Pumpido.

Sea cual sea la respuesta del TC, el Senado daría una vuelta más de tuerca a la estrategia de retrasar la aprobación de la futura Ley y daría más material a la UE sobre las dudas razonables que ese texto genera a un buen número de juristas. Con todo, nadie sabe a estas alturas qué texto llegará al Senado, porque tanto Gobierno como Junts no se mueven de sus posiciones… hasta nuevo aviso.