Al líder del PSOE de Madrid le estalla el escándalo de Mostoles y nadie dimite

El escándalo de las ITV en Móstoles vuelve a estallarle en la cara al líder del PSOE-M, Juan Lobato.

El actual alcalde de la urbe madrileña, Manuel Bautista (PP), ha pedido la dimisión de la exregidora Noelia Posse y de los otros cuatro ediles del PSOE después de que la jueza del caso haya propuesto juzgarles por un delito de prevaricación.

"Ferraz y el PSOE-M no pueden seguir dando la callada por respuesta. Noelia Posse y los cuatro concejales del PSOE que están actualmente sentados en el salón de Plenos, e implicados en esta causa, deben dimitir por dignidad", ha recalcado Bautista.

Respecto a este punto, este viernes el secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid y portavoz en la Asamblea, Juan Lobato, en una visita a las obras de la estación de Parla Norte, ha dicho que la Comisión de Garantías será quien tome decisiones oportunas, si se abre juicio oral.

"No se ha producido todavía la apertura de juicio oral. Pero en todo caso, nosotros el papel del partido lo tenemos muy claro y vamos a hacer lo que dijimos del minuto uno, con ella y con cualquier otro caso que se pudiera producir en el ámbito del PSOE de Madrid, que es que en el momento que se abre juicio oral a cualquier militante de forma fulminante esta dirección lo va a mandar a la comisión de garantías que es la que tiene que tomar las decisiones", ha declarado.

Cabe recordar que, a mediados de marzo del pasado año, antes de las elecciones municipales, Posse, aseguró que en caso de producirse la apertura de juicio oral por el llamado Caso ITV, actuarían "disciplinadamente como corresponde, y como es exigible a los militantes del PSOE".

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Móstoles ha propuesto juzgar a la exalcaldesa y a ocho exediles, a un funcionario público y a un empresario por la presunta comisión de un delito de prevaricación en relación al caso ITV por condonar una deuda a la empresa concesionaria de más de 2 millones de euros.

Así consta en un auto, en el que la magistrada acuerda continuar la tramitación de las diligencias previas respecto a once investigados por los trámites de procedimiento abreviado por un delito de prevaricación del artículo 404.

Este trámite procesal previo a la apertura de juicio oral, que da lugar a la fase intermedia del procedimiento, se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara a la instructora procesar a la exalcaldesa socialista y a siete ediles de la Junta de Gobierno al considerar que no se podía descartar la existencia de indicios de un delito de prevaricación administrativa.

En la resolución, la magistrada subraya en primer lugar que resulta "obvio" el perjuicio causado a las arcas públicas como consecuencia del acuerdo de la entonces Junta de Gobierno Local de 20 de octubre de 2020".

Dicho acuerdo aprobó por la vía de urgencia reducir al 50% la deuda del concesionario, el canon anual y el aplazamiento hasta 2040 del resto de la deuda a razón de 30.000 euros anuales.

Indica a continuación que se está "ante un crédito de derecho público y como señalaban los informes del interventor y teniendo en cuenta la naturaleza del mismo quedaba excluido de la fase preconcursal y era indisponible".

En tercer lugar, menciona que los informes que, si bien no eran vinculantes pero sí preceptivos, eran los del Interventor y el Secretario y pese a que estos informaron en contra sus informes no se tomaron en consideración pero en cambio sí que se tuvo en cuenta la opinión de un asesor externo".

"Por lo tanto a priori y de las diligencias practicadas se desprende que la JGL aprobó un acuerdo sabiendo que era perjudicial para el Ayuntamiento, tomando en consideración un informe emitido por el Sr. Torner, que no era quién debía hacer ese informe, siendo la concesionaria del servicio la beneficiaria de ese acuerdo que ha causado un perjuicio evidente a las arcas públicas".