Los jueces "progresistas" no pueden parar el clamor de la Carrera contra Sánchez

Lleva más de un mes el ministro de Justicia, Félix Bolaños, telefoneando a todo juez que es linchado en la plaza pública por sus propios socios, pero no parece haber logrado calmar las aguas en la Carrera Judicial. Tan es así, que la indignación contra el Gobierno y su presidente ha arrollado por completo al llamado sector progresista de la Judicatura.

La última muestra de ello es el pleno que este lunes celebró el CGPJ a petición de los vocales conservadores y que acabó inusualmente con un comunicado unánime pactado con los vocales afines a la izquierda en el que expresan su hartazgo ante los ataques permanentes ya convertidos en barra libre y en el que exigen “respeto institucional” al Gobierno y al Congreso.

Fuentes de la Carrera aseguran a ESdiario que los progresistas llegaron a la cita con intención de sabotearla y dejar solos una vez más a los otros 9 vocales, asignándoles la etiqueta de "atrincherados" y "caducados".

Pero que el clamor en la Judicatura -a margen de ideologías y procedencias- no deja de crecer con cada anuncio de Sánchez. La última que ha indignado a jueces y magistrados es el globo sonda de la reforma de la LeCrim de la que las asociaciones se han enterado “por la prensa”.

Sánchez y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Ni siquiera el combativo Álvaro Cuesta, el hombre del PSOE en el CGPJ, ha podido amordazar a las asociaciones de jueces ni a los vocales del sector conservador, consciente de que el malestar va mucho más allá de afinidades partidistas. Y cada día crece más.

Más allá de los recurrentes ataques brutales e insultantes contra los magistrados Llarena, Marchena, García Castellón y Aguirre (todos los relacionados con las causas del procés), la indignación entre los jueces es transversal por la “ocupación política” de los órganos judiciales con enchufes y dedazos de Sánchez.

El clamor en la Judicatura -a margen de ideologías y procedencias- no deja de crecer con cada anuncio de Sánchez. La última que ha indignado a jueces y magistrados es la reforma de la LeCrim de la que las asociaciones se han enterado “por la prensa”.

Y en varios de esos casos con resultados de manifiesta ilegalidad como Dolores Delgado en la fiscalía de Memoria Democrática o la exministra Magdalena Valerio en el Consejo de Estado.

Junto a ellos, Moncloa lo controla todo salvo, de momento, el Tribunal Supremo. A Cándido Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional y Alvaro García Ortiz en la Fiscalía General y Consuelo Castro en la Abogacía General del Estado se ha sumado en último lugar el dedazo de Fernando Galindo, exalto cargo del PSOE y nuevo jefe de los Servicios Jurídicos de las Cortes.