El Gobierno vasco PNV-PSE se fractura por la Ley de Vivienda
El Ejecutivo de Urkullu interpone un recurso ante el Constitucional con el rechazo de sus socios de Gobierno socialistas. Todo ello, dos días antes de la convocatoria electoral autonómica
La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco, Olatz Garamendi
El Gobierno Vasco ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la Ley por el Derecho a la Vivienda "por vulneración de competencias" y tras agotarse el domingo el plazo previo de negociación con el Gobierno central sin haber cerrado un acuerdo, escenificando la ruptura entre PNV y PSE por este tema. La decisión se ha tomado dos días antes de que el lehendakari Iñigo Urkullu firme el decreto de convocatoria de elecciones para el 21 de abril.
Según ha informado en un comunicado el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, el recurso de inconstitucionalidad se ha presentado después de que el Gabinete de Urkullu haya "agotado todas las posibilidades de negociación" y haya planteado al Estado "un acuerdo interpretativo para que reconociera las competencias vascas en esta materia". El planteamiento realizado pretendía que el Gobierno central "no ocupe el espacio" del Ejecutivo Vasco para poder desarrollar políticas propias de vivienda, y "para que su orientación no prevaleciera sobre la regulación autonómica".
El recurso se presenta sin el acuerdo de los tres consejeros socialistas del Gobierno vasco. Fuentes del Departamento vasco de Vivienda, dirigido por el socialista Iñaki Arriola, mantienen que la ley estatal "es una oportunidad para Euskadi porque no impone, sino que amplía derechos". Pero el PNV ha decidido poner pie en pared y desmarcarse de sus socios.
"Sin posibilidad de acuerdo"
Según la Consejería que dirige Olatz Garamendi, el Gobierno central ha rechazado "toda posibilidad de acuerdo" y "ha abocado" al Gobierno Vasco a interponer el recurso por vulneración de competencias en materia de vivienda, "por lo que solicitará una sentencia que anule la ley estatal en las partes recurridas".
Según el informe elaborado por el Servicio Jurídico central, el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno considera que la Ley estatal de Vivienda "vulnera competencias de Euskadi", que tiene su propia Ley de Vivienda desde 2015. En concreto, se recurren un total de siete artículos de la ley estatal, 12/2023, una disposición transitoria, una disposición adicional y dos disposiciones finales.