Bruselas investiga el 'escándalo Koldo' por la malversación de fondos europeos

El caso Ábalos ya trasciende fronteras. La Fiscalía Anticorrupción envió a la Fiscalía Europea contratos del denominado escándalo Koldo firmados con los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias por importe conjunto de 15,3 millones de euros al entender que se abonaron con fondos europeos y que, por ende, son competencia del órgano comunitario.

Según consta en la querella que presentó Anticorrupción, el Ministerio Público español remitió documentación a Bruselas el 8 de junio de 2023 a través de un decreto "al afectar a fondos de la Unión Europea". Fuentes cercanas a la investigación confirman que los contratos en cuestión serían varios suscritos con las comunidades autónomas entonces presididas por Francina Armengol y Ángel Víctor Torres.

La Fiscalía detalla que el Servicio Canario de Salud adjudicó cuatro contratos a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL entre abril y mayo de 2020, de acuerdo a los datos que recoge la querella del Ministerio Público.

El primero de dichos contratos se firmó para el suministro de 837.300 mascarillas KN95 y 555.000 mascarillas FFP2 por un importe de 2.095.018 euros. El segundo se adjudicó en concepto de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte de mascarillas por 447.061 euros.

El tercer contrato alcanzó los 4,7 millones de euros para la adquisición de mascarillas FFP2. Y el cuarto se suscribió por 5 millones de euros para el suministro de dos millones de mascarillas KN95.

3,7 millones del gobierno de Armengol

En el caso de la administración balear, consta un contrato adjudicado por el Servicio de Salud de Illes Baleares en mayo de 2020 por 3,7 millones de euros para el suministro de mascarillas FFP2.

Preguntada por Europa Press por si está investigando la documentación remitida por Anticorrupción, la Fiscalía Europea precisa que "no realiza comentarios sobre investigaciones en curso ni tampoco confirma públicamente en qué casos está trabajando para no poner en peligro eventuales investigaciones en curso".

La Fiscalía remitió documentación a Bruselas el 8 de junio de 2023 a través de un decreto "al afectar a fondos de la UE". Fuentes cercanas a la investigación confirman que los contratos en cuestión serían varios suscritos con las comunidades autónomas entonces presididas por Francina Armengol y Ángel Víctor Torres.

No obstante, el órgano comunitario recuerda que su competencia es "obligatoria" toda vez que debe "comprobar cualquier indicio del que eventualmente pueda resultar que" los hechos investigados queden "bajo su ámbito competencial".

Esta misma semana, las delegaciones del PP y de Ciudadanos en el Parlamento Europeo han instado a la Fiscalía Europea a investigar si el presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia pudo afectar a los fondos de la Unión Europea que entonces se destinaron a ayudar a los gobiernos a enfrentar la crisis por el coronavirus.

"Tolerancia cero"

Por el momento, la Comisión Europea ha recordado que aplica "tolerancia cero" contra la corrupción por lo que ha pedido a la Oficina Europea Antifraude (OLAF) que investigue si el presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia por la que fue detenido Koldo García pudo afectar a los fondos de la Unión Europea.

"La Comisión Europea tomará todas las medidas necesarias para proteger el presupuesto de la Unión Europea y tiene tolerancia cero con el fraude", ha asegurado un portavoz comunitario, al ser cuestionado por el caso y su impacto en las arcas comunitarias.

Los servicios comunitarios están en "estrecho contacto" con las autoridades nacionales responsables de la gestión de los fondos europeos, en este caso el Ministerio de Hacienda, para determinar si hay dinero comunitario "involucrado".

Por ello, ha añadido el portavoz, desde Bruselas siguen el asunto "muy de cerca" y han remitido los detalles del 'caso Koldo' a la OLAF para pedirle que siga "investigando".