Fiscales exigen la dimisión del fiscal general tras su humillación en el Supremo
El demoledor varapalo de la Sala de lo Penal al Ministerio Público y el aval del TS al juez García Castellón vuelven a poner a Álvaro García Ortiz en la picota. Entre sus propios compañeros.
Los dos fiscales generales de Pedro Sánchez: García Ortiz y Delgado.
Una vez más durante el sanchismo, la Fiscalía es un hervidero. Y la desautorización histórica del Tribunal Supremo al máximo jefe del Ministerio Público ha sido el último detonante. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ha reclamado de nuevo la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; esta vez, por entender que tras la decisión del Supremo de investigar por terrorismo al expresidente catalán y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, la postura del Ministerio Público -que se oponía- "ha sido desautorizada por unanimidad".
En un comunicado, la APIF incide en que "el caso adquiere mayor gravedad teniendo en cuenta que en junta de fiscales del Supremo, por amplia mayoría (once a cuatro), se mantenía la posición de entender que la exposición razonada del juez de Instrucción de la Audiencia Nacional contenía elementos suficientes para considerar que los hechos investigados se podían incluir en delito de terrorismo y que, además, había indicios para considerar a Puigdemont responsable de ellos".
En este sentido, recalca que el alto tribunal no solo se ha basado en jurisprudencia referida a hechos que han sido considerados como terrorismo sino que, además, cita la Memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2020 en la que el Ministerio Fiscal aseguró que dichos hechos eran encuadrables dentro del delito de terrorismo.
"Apartarse ahora de lo que se mantuvo hace cuatro años debería haber tenido un fundamento jurídico muy sólido para que encuentre justificación",apunta la asociación, al tiempo que insiste en que "la desautorización del Tribunal Supremo pone en evidencia que no hay ningún fundamento para apartarse del criterio que se estableció en 2020".
Los fiscales sostienen que "ningún cargo, en un sistema democrático, puede mantenerse en el ejercicio de su función cuando, en un asunto tan relevante, queda totalmente desautorizado por la máxima autoridad jurisdiccional de un país, y no es ésta la primera vez, ni la más grave, que eso ocurre".
Así las cosas, insiste en que la dirección del Ministerio Fiscal "exige un nivel en el ejercicio de su función que resulta incompatible con el varapalo recibido". "El Ministerio Fiscal no puede exponerse, ni un minuto más, a esta cadena de desprestigio a la que nos está conduciendo la actuación del fiscal general", añade.