La española Rocío San Miguel cumple 23 días detenida por el régimen venezolano
La cántabra (aunque tiene la doble nacionalidad) fue arrestada por presuntamente conspirar desde su ONG para asesinar a Maduro. Está incomunicada y sin acceso a abogados
Una imagen de las protestas que piden la liberación de Rocío San Miguel
Rocío San Miguel es una activista hispanovenezolana, nacida en Cantabria y directora de la ONG Control Ciudadano que fue detenida el pasado 9 de febrero por el gobierno de Nicolás Maduro. La abogada permanece desde entonces sin contacto ni con su asistencia legal ni apenas con su familia.
El Gobierno Venezolano acusó a San Miguel de ejercer labores de espionaje, de usar información estratégica del Estado venezolano y de tener conocimiento y formar parte de una presunta conspiración militar descubierta por las autoridades, denominada Brazalete Blanco, que tendría como fin asaltar varios cuarteles del país, para finalmente asesinar a Nicolás Maduro y a otros dirigentes del oficialismo.
Pese a que nadie ha visto a Rocío San Miguel, por medio del Consulado de España sí se le ha permitido el ingreso de insumos de aseo personal, ropa y comida. La prisión donde se encuentra detenida la cántabra es uno de los calabozos más crueles del régimen bolivariano Según testimonios de otros presos que han estado recluidos allí, existen instalaciones de tortura y aislamiento.
La detención de San Miguel y de su pareja, Alejandro González de Canales, ha provocado miedo e indignación en muchos venezolanos, así como una larga cadena de reacciones de solidaridad de la sociedad civil. San Miguel está prácticamente incomunicada. Miranda Díaz, su hija, pudo verla el pasado 18 de febrero en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide gracias a la mediación de la Embajada de España, pero hasta la fecha no ha habido nueva comunicación con ella.
De su pareja, González de Canales, no se sabe nada. Uno de sus abogados informó que fue trasladado a El Rodeo I, una de las cárceles más importantes del estado Miranda. Ambos acusados tienen abogados, claro, pero estos no se han comunicado ni una sola vez con ellos.