El Colegio de Abogados denuncia la "extrema gravedad" de las filtraciones
Si este jueves fueron los fiscales los que denunciaron las irregularidades sobre el expediente fiscal a Alberto González, 24 horas después alzan la voz los abogados, perplejos.
Sánchez, junto a Montero y Bolaños.
La indignación se dispara alrededor del expediente fiscal a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha tachado de "extrema gravedad" la supuesta revelación de "datos concretos" en relación a Alberto G. A. "por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid", por lo que tomará "las medidas pertinentes" en la Junta de Gobierno del próximo lunes, ha informado el Colegio en un comunicado.
La institución ha criticado que se hayan revelado "a través de un comunicado oficial, datos concretos de unas diligencias de investigación, detallando fechas y contenido de conversaciones y reuniones, produciendo todo ello una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados".
Según recuerda, "el Estatuto de la Abogacía, aprobado por Real Decreto 135/2021, en su artículo 22, establece sin paliativos el deber y el derecho de los abogados a mantener en secreto todas las comunicaciones y propuestas relacionadas con el ejercicio de su profesión, garantizando así la confianza y la protección de los derechos de sus defendido".
Además, subraya que "el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en su artículo 4,5º, destaca el límite de la obligación de informar por parte del Ministerio Público, haciendo hincapié en el respeto al secreto del sumario y a los deberes de reserva y discreción inherentes al cargo, así como a los derechos de los implicados".
"Este marco legal subraya la importancia del secreto profesional, especialmente en las interacciones entre fiscales y abogados, ya sea durante las diligencias de investigación o en el transcurso de los procedimientos judiciales", recoge el comunicado.
A juicio del ICAM, "la divulgación de cualquier información relacionada con las posiciones o estrategias legales de las partes, sin un acuerdo de conformidad formalizado, constituye una vulneración de estos principios básicos de sigilo, confianza y buena fe, y pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal".
De este modo, anuncia que "defenderá a ultranza estos principios y someterá a consideración de la próxima Junta de Gobierno de este lunes, como punto extraordinario, cuantas medidas sean necesarias para garantizar que se respeten en todos los ámbitos de la práctica profesional".
A instancias de la Comisión Ejecutiva, la Junta de Gobierno del ICAM se reunirá el próximo lunes para examinar "con todo detalle estos hechos con el compromiso de velar por el ejercicio del derecho de defensa y el secreto profesional, como pilares básicos del derecho a la tutela judicial efectiva -piedra angular de nuestro Estado de Derecho- llegando hasta las últimas consecuencias".
