Luz verde a la querella de la pareja de Ayuso por revelación de secretos
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid da el visto bueno a investigar el presunto delito realizado por funcionarios públicos y denunciado por Alberto González.
Isabel Díaz Ayuso, junto a Alejandro Fernández, este lunes en Barcelona.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado curso a la querella interpuesta por Alberto González, compañero sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto Torres. La acusación es por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por parte de un funcionario, tras afirmar la competencia de esta sala para el caso.
El supuesto delito de revelación de secretos está vinculado a la divulgación de información por parte de la Fiscalía de Madrid, en la cual se informaba sobre el intercambio de correos electrónicos entre el abogado de la pareja de la presidenta regional madrileña y el fiscal, relacionados con una investigación por fraude fiscal.
La admisión de la querella se produce después de un informe desfavorable de la fiscal María de la O Silva, quien recomendó su inadmisión al considerar que carecía de relevancia penal. Es relevante mencionar que esta fiscal ha sido apartada del caso y será reemplazada por el fiscal superior de Extremadura, Javier Montero.
Posible revelación de secretos
En el auto, la Sala estima que "sin que pueda entenderse nunca la admisión de una querella como un acto de imputación anticipada, ni una calificación ultimada de los hechos, ha de investigarse el verdadero alcance del conjunto de los hechos relatados en el escrito de la querella".
"Solamente de este modo puede cumplirse con una finalidad esencial del sumario, tal y como se contempla en el artículo 299 que consiste en la determinación de todas las circunstancias que puedan influir en la calificación de los hechos, siempre que estos revistan indiciariamente carácter delictivo", señala.
Así, argumenta la Sala, "es de analizar si se ha visto vulnerado el deber de confidencialidad y reserva inherente a las actuaciones penales, entre las que se comprende las preprocesales a cargo del Ministerio Fiscal y ello requiere, a su juicio, una indagación que sólo puede abordarse adecuadamente mediante la oportuna instrucción de la causa".