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El ministro Torres, en apuros por el 'caso Mascarillas': registro sorpresa

Agentes de la UDEF han entrado a primera hora de la mañana de este jueves en la sede de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para buscar información sobre el 'caso Mascarillas'.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y ex presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.

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Raúl Puente

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Este jueves el día ha comenzado movido en la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Varios agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han entrado a primera hora de la mañana en la sede de la Consejería de Sanidad del Gobierno canario para buscar información sobre el 'caso Mascarillas', una causa en la que se investigan los cuatro millones de euros pagados durante la pandemia a una empresa - RR7 United- por un millón de mascarillas que no llegaron a ser recibidas.

Fue en febrero de 2021, durante el mandato como presidente de Canarias del actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática: Víctor Ángel Torres. En este caso, el investigado es el que fuera director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez. También lo fue con el gobierno de Fernando Clavijo (2015-2019). Por ello han realizado este registro y después de que este lunes, 6 de mayo, estuvo ante la Fiscalía Europea, aunque se acogió a su derecho a no declarar. Recordar que presentó su dimisión en noviembre de 2022.

Se trata como decimos de una investigación abierta por la Fiscalía Europea en la que buscan esclarecer lo que ocurrió con ese millón de mascarillas que, previo pago de cuatro millones de euros del Gobierno autonómico canario, nunca fueron entregadas. De hecho, fueron destruidas por agentes de Aduanas en el Puerto de La Luz tras llegar un cargamento procedente de Etiopía y constatarse que estaban falsificadas.

Fue entonces cuando la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas presentó una querella que ha llegado hasta el órgano comunitario, que ahora investiga a Domínguez y también, entre otros, a Rayco González -administrador de la empresa RR7- por estafa agravada y blanqueo de capitales. También está en la causa la exdirectora general de Recursos Humanos del SCS, Ana María Pérez, por prevaricación.

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