La fórmula para parar en seco la amnistía se activa y borra la sonrisa a muchos
Los jueces del Supremo, Constitucional y Tribunal de Justicia Europeo tiene ahora la palabra para tumbar la impunidad de Puigdemont. La clave se llama "cuestión prejudicial".
Junqueras (ERC) y Turull (Junts), este jueves en el patio del Congreso.
Pese a la euforia de los independentistas y el alivio del Gobierno tras la aprobación definitiva de la Ley de Amnistía en el campo parlamentario, el camino que le queda a la principal iniciativa de Pedro Sánchez en esta legislatura es largo, inquietante y tenebroso para los intereses de Moncloa.
Por que van a ser las togas, esos jueces convertidos en enemigos públicos del presidente según la doctrina socialista, los que van a decidir el alcance real de la ley progresista de punto y final.
Ante la luz verde de la ley, los magistrados del Supremo estudian ya el modo de frenar su aplicación. Así, todos los jueces que tengan causas donde pueda operar una eventual amnistía al procés podrán acudir al Constitucional y al Tribunal de Justicia de la UE para evitar que la ley acabe aplicándose.
En el caso de la corte de garantías, desde el instructor del 1-O, el magistrado Pablo Llarena, hasta cualquier de los otros jueces con procedimientos afectados por la amnistía podrán plantear una cuestión de inconstitucionalidad para que el TC que preside Cándido Conde Pumpido se pronuncie sobre el encaje de este perdón en la Carta Magna.
En paralelo, los jueces españoles también podrían llamar a la puerta del TJUE planteando una cuestión prejudicial -la clave para parar en seco la amnistía- para que la corte comunitaria compruebe si la amnistía concedida respeta el acervo legislativo de Bruselas.
Choque con las normas comunitarias
Las fuentes auguran un choque con las normas comunitarias por el delito de malversación, que forma parte del elenco de ilícitos incluidos en las causas sobre el 'procés'. En este sentido, recuerdan que se trata de una figura central en la lucha contra la corrupción, que desde Bruselas se quiere reforzar.
La norma general establece, como explican tanto el TC como el TJUE en sus web, es que el recurso a supondría la suspensión de la ley hasta que el tribunal resuelva.
De hecho, el pasado mayo la Comisión Europea planteó en una propuesta de directiva armonizar penas para que la malversación tenga una pena máxima de al menos 5 años en todos los estados miembro, algo que de prosperar obligaría a España a volver a reformar este delito.
Posible suspensión
La norma general, conforme explican tanto el TC como el TJUE en sus respectivas páginas web, es que ambas acciones supondrían la suspensión del caso donde se hayan planteado dichas cuestiones hasta que el tribunal resuelva.
No obstante, este extremo suscita dudas, ya que las fuentes recalcan que ninguna de las dos consultas permitiría suspender la aplicación de la ley de amnistía, con la salvedad de que ante el TC se solicitaran y concedieran medidas cautelares.
Cabe recordar que una amnistía de los hechos que condujeron al 1-O favorecería no solo a sus líderes -Puigdemont y los demás prófugos, así como su exvicepresident Oriol Junqueras y los otros condenados a los que se les indultó la cárcel pero no la inhabilitación-, sino también a decenas de cargos menores: medio centenar de potenciales beneficiarios.
Examen de Bruselas
En este sentido, la Comisión Europea abordará "sin plazo" su examen de la Ley de Amnistía para dirimir si el texto es compatible con la legislación comunitaria, en especial en lo que a las reglas sobre terrorismo, corrupción y protección de intereses financieros de la UE se refiere.
"No tenemos un plazo específico para finalizar nuestra evaluación", ha indicado una portavoz comunitaria en rueda de prensa en Bruselas al ser preguntada por los tiempos para conocer las conclusiones del Ejecutivo comunitario por un texto que conoce desde que fue registrada en noviembre del pasado y año y que no ha sufrido modificaciones desde el pasado marzo.
Los servicios comunitarios han estado "en contacto estrecho" con las autoridades españolas durante todo el proceso y ha seguido "con mucha atención" su desarrollo, ha añadido la portavoz, que no ha querido detallar los pasos a seguir.
"Ahora que la Ley acaba de ser adoptada, justo ahora, la Comisión podrá analizarla", ha dicho la portavoz comunitaria Anitta Hipper, quien ha apuntado que Bruselas seguirá atenta a la situación "también en el contexto de la preparación del informe sobre Estado de derecho" que cada año evalúa la salud democrática de los Estados miembro y cuya publicación se prevé para el 3 de julio.
De este modo, el Ejecutivo comunitario se mantiene prudente sobre el proceso de análisis que llevarán a cabo sus servicios legales pero que deberá después pasar por el Colegio de Comisarios, ya sea por procedimiento escrito o abordado de manera oral en una de sus reuniones semanales.
