Sale a la luz la máquina del fango del PSOE: el "escandalazo" del PP no existió
Hace unos días fue Francisco Camps, ahora una cuarenta de dirigentes del PP linchados en su día por la izquierda quedan exonerados y su causa sobreseída por los tribunales.
La expresidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre.
Todos sufrieron en su día la llamada pena de telediario y campañas de hostigamiento y descrédito mucho más duras que la que Pedro Sánchez denuncia contra su mujer, Begoña Gómez. Pero hace unos años, no existían términos como lawfare o máquinas del fango. Francisco Camps y ahora varios acusados en la operación Púnica dejan en evidencia la doble vara de medir del PSOE y sus aliados.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el sobreseimiento provisional de la pieza 10 del caso Púnica, en la que se investigó la contratación de trabajos de reputación 'online' de cargos del PP a las empresas EICO y Madiva de Alejandro de Pedro.
Avala así la decisión del juez instructor Manuel García Castellón que en octubre de 2023 ya archivó esa pieza para unas 40 personas, incluidos el exalcalde de Castellón, Alfonso Bataller; la de Denia, María Kringe Sánchez; el de Coslada, Raúl López Vaquero; el de Valdemoro, José Carlos Boza; y el de Majadahonda, Narciso de Foxá, así como otros cargos públicos.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 archivo también para el propio Alejandro de Pedro; la exjefa de prensa de Esperanza Aguirre, Isabel Gallego; el exconsejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria; y para el empresario David Marjaliza.
Ahora, el tribunal resuelve en dos autos los recursos de la Fiscalía Anticorrupción y del PSOE, y confirma el criterio del juez, que no apreció la existencia de un concierto entre los investigados para desarrollar a través de la contratación pública una trama defraudatoria por los delitos investigados de falsedad en documento mercantil, malversación, prevaricación, tráfico de influencias y cohecho, entre otros.
La AN avala decisión del juez García Castellón que en octubre de 2023 ya archivó esa pieza para unas 40 personas, incluidos el exalcalde de Castellón, Alfonso Bataller; la de Denia, María Kringe; el de Coslada, Raúl López; el de Valdemoro, José Carlos Boza; y el de Majadahonda, Narciso de Foxá, así como varios otros cargos públicos.
La Sala apunta que, del caudal indiciario aportado, "se hace difícil en las circunstancias actuales viabilizar la prosecución del procedimiento a los fines de la formalización de la pretensión penal del lado de las acusaciones personadas, tanto por la mencionada práctica identidad fáctica entre los hechos seguidos en algunas de las piezas separadas que componen el procedimiento principal -entre las que alguna ya ha abordado y analizado en fase más avanzada la controversia que es objeto de examen-, como por la limitada base indiciaria reseñada en el anexo adjunto al recurso de reforma del Ministerio Fiscal".
En el auto de archivo del juez, el magistrado explicaba que "la precariedad de los indicios acumulados una vez concluida la instrucción", y oídos los investigados, no permitían apreciar "la existencia de un concierto para desarrollar a través de la contratación pública una trama defraudatoria".