Sánchez asaltará los jueces y los medios si el PP no cede ante él en 15 días

Todo estaba preparado. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, preguntaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre si iba a legislar para renovar el Consejo General del Poder Judicial excluyendo al PP como actualmente fija la ley o para apartar a empresas de contratos públicos que según él difunden bulos. Dicho y hecho. Sánchez le aseguraba a Rufián que presentará un paquete de medidas y acto seguido a acudido a TVE a una entrevista con Silvia Intxaurrondo donde ha lanzado su amenaza al PP y su intención de asaltar el poder judicial y los medios si no hay un acuerdo.

"Nosotros nos damos como Gobierno hasta final de este mes, hasta el mes de junio, y si en el mes de junio el PP no desbloquea esta situación, el Gobierno de España, junto con el Congreso de los Diputados, dará una respuesta a lo que es un auténtico atropello constitucional", amenaza Sánchez a Alberto Núñez Feijóo con pactar en 15 días la renovación del CGPJ o si no el PSOE recortará las competencias del CGPJ para nombrar jueces. Sánchez no ha aclarado si además cambiará ley y renovará el gobierno de los jueces a su gusto con sus socios de izquierda rompiendo el consenso en un asunto vital.

"Nos centramos en las mayorías pero hay un incentivo perverso para el PP", ha dicho Sánchez con Silvia Intxaurrondo, "una particularidad para que el PP trate de conservar el poder: la facultad del Poder Judicial de nombrar los magistrados que van al Supremo y a los tribunales superiores de justicia. Es un debate que tenemos que abrir", es la advertencia del sanchismo que quiere cambiar para el control de la justicia.

"Viendo lo que pasa en otras partes, hay que revisar esa facultad y hacerla más objetiva, transparente y no politizada, como ahora que está en manos del PP", ha defendido el presidente del Gobierno que lo busca precisamente con sus amenazas es politizar la Justicia, pero a su favor.

Pedro Sánchez además ha insinuado una ley de libertad de medios de comunicación, algo que piden sus socios independentistas y de izquierdas pero que desde la derecha se ve como una maniobra para coartar la libertad de expresión y los medios críticos con el Gobierno. El presidente se ha escudado en que se ha aprobado en Bruselas y que se puede hacer una transposición para “la rendición de cuentas” de los medios, un asunto que en plena campaña de Sánchez contra los medios levanta todas las alarmas.