Cisma y tensión en la Fiscalía ante el golpe de mano anunciado por García Ortiz
El fiscal general provoca un nuevo "test de estrés" en el Ministerio Público si fuerza el relevo de los fiscales del procés para que otro afín a él despeje el camino de la amnistía.
Guerra abierta en la La maquinaria estatutaria de la Fiscalía se activó este jueves para buscar la primera fase clave de la aplicación de la amnistía: la fijación de la posición de los fiscales en los casos del procés que aún se instruyen en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el TSJ de Cataluña.
Los conocidos como los indomables, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena, han resistido a las brutales presiones del fiscal general y mantienen que Puigdemont no puede ser amnistiado por el delito de malversación. Así que García Ortiz activó este jueves el botón para su purga y este viernes ha anunciado sus intenciones.
Será en la reunión de la Junta de Fiscales de Sala, órgano que asesora al fiscal general. Con una composición afín a García Ortiz, es previsible que de esa cumbre fiscal salga una desautorización a los indomables. Y un posible mandato para que renuncien a su posición y cambien su informe.
La cumbre del martes ya tiene las cartas sobre la mesa: el fiscal general intentará doblegar a los "indomables" del 1-0 y estos piensan plantan cara
De esta forma, García Ortiz deberá puentear a los fiscales del procés y encargar un nuevo informe -este si favorable a la amnistía- a una nueva fiscal. Nadie quiere asumir ese estigma de sumisión al Gobierno y menos dejar vendidos a cuatro respetados fiscales, entre los que hay una ex fiscal general y un ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Una vez más, desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, la tensión y el malestar recorren la Fiscalía.
Cisma y cruce de advertencias
García Ortiz ha ejecutado este viernes su segundo movimiento en esta particular partida de ajedrez. Ha presentado un escrito en el que defiende que se debe aplicar la amnistía a la malversación y en el que considera "insuficientes" los argumentos de los cuatro fiscales del Supremo.
El fiscal general, este viernes a su llegada a un curso de verano en Coruña.
"Procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados", aboga el fiscal general en el escrito, lo que incluye la orden de detención activa contra Puigdemont.
A juicio del fiscal general, el perjuicio patrimonial para la Administración, resultado del delito de malversación, no es equiparable al "enriquecimiento personal de carácter patrimonial". Y considera también que los hechos no produjeron una afectación directa a los intereses financieros de la Unión Europea.
Los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena, en una de la sesiones del juicio del 1-O.
La respuesta de los indomables no se ha hecho esperar. En un nuevo escrito, los fiscales Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno se reafirman en su informe y, una vez conocida este viernes la postura de García Ortiz, invocan el citado artículo 27 para que la diferencia de criterios se dirima en una Junta de Fiscales de Sala, la cúpula de la carrera, que se celebrará el próximo martes.
Los fiscales del Tribunal Supremo expresan que lo argumentado por García Ortiz para la aplicación "incondicional" de la amnistía a la malversación "no desvirtúa en absoluto" la postura contraria de los cuatro, de manera que son argumentos "manifiestamente insuficientes para legitimar la viabilidad y el ajuste a la legalidad de la orden impartida".
"A nuestra juicio la orden (de García Ortiz) es improcedente y contraria a las leyes al no ajustarse a los criterios más elementales de la lógica jurídica y de legalidad penal exigibles en la interpretación y aplicación de las normas", expresa el fiscal Zaragoza en nombre de los cuatro.
También los fiscales insisten a García Ortiz de que si tras la Junta del martes impone que se debe aplicar la amnistía, ellos no firmarán dicho decreto, sino que deberá hacerlo el propio fiscal general u otro fiscal que él designe.