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Cumbre de fiscales: todas las espadas en alto para que García Ortiz se retrate

37 miembros de la Carrera Fiscal deciden este martes si ceden ante Moncloa y defienden la amnistía a Puigdemont. Los cuatro del procés plantarán cara y si jefe tendrá que quitarse la careta.

El fiscal general, García Ortiz.

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Miguel Blasco

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Martes de máxima tensión en la Fiscalía. La Junta de Fiscales se reúne este martes para abordar un "ajustado" debate y fijar criterio sobre la aplicación de la ley de amnistía ante la discrepancia entre el fiscal general, Álvaro García Ortiz, que aboga por amnistiar a los encausados del procés, y los fiscales encargados de la causa en el Tribunal Supremo, que se oponen a perdonar la malversación, entre otros, al expresidente catalán Carles Puigdemont.

La diferencia de criterios parte de que García Ortiz defiende que, tras la entrada en vigor de la ley, "procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados", lo que incluye la orden nacional de detención activa contra Puigdemont.

Por su parte, los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena consideran que es "improcedente" amnistiar la malversación del 'procés' que se le atribuye a Puigdemont, a los exconsejeros procesados en rebeldía, al exvicepresidente Oriol Junqueras y a los condenados.

Los cuatro indomables entienden que todos tuvieron ánimo de lucro y afectaron a los intereses financieros de la UE, lo que -según la propia ley- excluye dichas conductas de ser amnistiadas. Consideran que es "indudable" que Puigdemont y el resto de encausados "sustrajeron caudales públicos en forma de millones de euros para ejecutar contra las decisiones del Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña un proyecto inconstitucional de desintegración de España".

Alfombra roja del sustituto de Delgado

García Ortiz insiste en que la malversación se puede amnistiar porque el perjuicio patrimonial para la Administración que causaron los encausados no es equiparable al "enriquecimiento personal de carácter patrimonial". El fiscal general y los cuatro fiscales del Supremo coinciden en que es viable perdonar la desobediencia y los desórdenes públicos.

Fuentes fiscales consultadas prevén que sea un debate "ajustado" y avisan de que se centrará en analizar las dos posturas planteadas de cara a dar respuesta al juez instructor, Pablo Llarena, quien dio cinco días al Ministerio Público y al resto de partes para pronunciarse sobre la aplicación de la ley publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la semana pasada.

La cúpula de la Fiscalía estudiará la postura del fiscal general y de los fiscales del procés después de que estos cuatro avisaran en su informe de que si el jefe del Ministerio Público estaba a favor de aplicar la amnistía debía plasmarlo por escrito y convocar a la Junta de Fiscales para debatirlo.

De los 37 convocados, 17 son miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación cercana al fiscal general, incluidas la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y dos exjefas del Ministerio Público, Dolores Delgado y María José Segarra. Otros 9 pertenecen a la Asociación de Fiscales (AF), incluido el exmagistrado del Constitucional Antonio Narváez.

Los 11 restantes no están afiliados a ninguna asociación, como el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón o su antecesor Manuel Moix. No obstante, fuentes fiscales consultadas recuerdan que los miembros de la Junta no siempre votan en bloque o siguen el criterio de sus compañeros de asociación.

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