Sánchez infecta otra institución: Abogacía del Estado al servicio de Puigdemont
La Abogacía del Estado pide al juez Llanera que “deje de inmediato” sin efecto la orden de detención de Puigdemont y considera que sería un “exceso” no aplicar la amnistía al prófugo
Pedro Sánchez
El CIS, la Fiscalía General, el Consejo de Estado, Correos… no hay institución pública dependiente del Gobierno que Pedro Sánchez no haya colonizado ni utilizado en favor de sus interés frente a los del Estado. Ahora le toca el turno a la Abogacía del Estado, que ha salido en defensa de Carles Puigdemont solicitando el "inmediato alzamiento" de la orden de detención del juez Pablo Llanera contra el prófugo catalán.
En concreto, la Abogacía del Estado exige al Tribunal Supremo que aplique la ley de amnistía a la malversación y la desobediencia que se les atribuye a los líderes del procés, incluido Carles Puigdemont, y por tanto pide que “se deje de inmediato sin efecto” las medidas cautelares y las órdenes nacionales de busca y captura que pesan sobre el prófugo catalán y los otros huidos de la Justicia.
El Tribunal Supremo pidió a todas las partes implicadas en los casos del procés que emitieran su posición sobre la aplicación de ley de amnistía. El juez Llarena emitió su valoración tras la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno de Sánchez, se ha posicionado contra el criterio del juez y pide quitar ya la orden de detención.
La Abogacía del Estado se alinea por tanto con la posición de la Fiscalía controlda por Álvaro García Ortiz, el llamado ‘ministro 24’, que tras una ajustada votación en la Junta de Fiscales votó a favor de incluir la malversación en la amnistía y perdonar este delito frente al criterio de los fiscales del procés, lo que en la práctica supone el paso para la retirada de la orden de detención a Carles Puigdemont.
Por cierto, la Abogacía reconocen que "toda disposición de fondos públicos esconde un enriquecimiento patrimonial", en relación a la malversación, pero añade una excepción contemplada por la ley que salva a Puigdemont y el resto de acusados: que "la voluntad de la ley es amnistiarlo cuando haya sido destinado a financiar, sufragar o promover el referéndum ilegal del 1 de octubre o a reivindicar la independencia de Cataluña”. Para la Abogacía, como no ha habido enriquecimiento personal ni puesto en riesgo la integridad de la Unión Europea, la malversación es amnistiable, tal y como defiende el Gobierno y la Fiscalía.