El fiscal general da un paso más a su imputación: investigados sus colaboradores
El TSJ de Madrid cita como investigados a los dos fiscales que rebelaron la información con datos secretos del novio de Ayuso y contra los querelló González Amador
Begoña Gómez saluda al fiscal general del Estado
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, va dando pasos hacia un desenlace que no le gustará a él ni al que lo colocó, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: una inminente imputación por revelar secretos de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha citado como investigados a los dos fiscales contra los que se querelló el novio de Ayuso por la nota informativa en la que desvelaban sus datos privados.
En concreto, el TSJ de Madrid ha citado como investigados -actual figura del imputado- a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y al fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, por la nota de prensa de la Fiscalía Provincial de Madrid que acabó revelando información reservada del novio de Ayuso y de su causa por un fraude a Hacienda.
El instructor del caso en el TSJ de Madrid, Francisco José Goyena, ha decidido tomarles declaración a los fiscales antes de decidir si eleva la causa al Tribunal Supremo para que impute al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el cual se autoinculpó la responsabilidad de dar la orden del envío de la nota de prensa que desvelaba datos del novio de Ayuso.
A esto se suma la declaración de la jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, Almudena Lastra, que dejó claro ante el juez la orden de enviar la comunicación con los datos privados de la pareja de Ayuso fue una orden directa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asunto que ha quedado además patente al publicarse los whatsapps con las órdenes y presiones de García Ortiz a la fiscal jefe de Madrid.
En definitiva, panorama cada vez más negro para Álvaro García Ortiz, que en su papel de ‘ministro 24’ de Pedro Sánchez puede acabar imputado con tal de salvaguardar los intereses del sanchismo en su pugna política con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Si el fiscal general acaba investigado, el presidente del Gobierno tendrá dificultades para mantenerlo en el puesto y no cesarlo.