Sociedad Civil Catalana vaticina que la amnistía no se aplicará en su totalidad: Puigdemont en vilo

Tal y como venimos avanzando en ESdiario, Sociedad Civil Catalana (SCC) ha presentado ante el Tribunal Supremo (TS), la Audiencia Nacional (AN) y el Tribunal de Cuentas un escrito en el que solicita "que planteen cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la aplicación de la Ley de Amnistía en las causas por malversación y terrorismo que implican a los principales líderes del 'procés'".

La entidad ha solicitado a las tres instancias "que acuerden la suspensión del procedimiento en lo relativo a la aplicación de la Ley de Amnistía hasta la resolución de las cuestiones prejudiciales" que ha solicitado que planteen al TJUE, informa en un comunicado este jueves.

Y para tratar esta cuestión, ESdiario se ha puesto en contacto con Juan Chapapría, abogado en Chapapría-Navarro y Asociados, además de abogado de SCC, quien ha vaticinado una paralización -al menos- parcial de la polémica Ley de Amnistía.

En este sentido, ha afirmado en una entrevista con este periódico que "evidentemente los procedimientos judiciales quedarían suspendidos" si cualquiera de las instancias judiciales emiten las cuestiones prejudiciales que son "una serie de cuestiones que planteamos algunas de las partes al Tribunal para que esos tribunales que están conociendo las causas derivadas del 1 de octubre puedan preguntarle al Tribunal de Justicia Europeo si las distintas normativas, directrices y leyes de ámbito europeo pueden que entren directamente en colisión con la normativa europea". Concretamente, si "la Ley de Amnistía entra en colisión con la legislación y normativa europea", explica el abogado a ESdiario.

En efecto, la amnistía de la malversación es lo que, a juicio del abogado, mayormente puede colisionar con la normativa de la Unión Europea ya que "la propia legislación y directrices que son de aplicación a cada Estado miembro se persigue de una manera muy clara la corrupción política en los distintos Estados miembros", señala Chapapría.

Y no cabe descartar que, por consiguiente, a Carles Puigdemont no se le aplique la Ley de Amnistía en su totalidad -sobre todo el riesgo radica en el olvido de la malversación-. "La realidad es que se ha hecho una ley a medida que se entiende que es inconstitucional, que se entiende que además no cumple con los parámetros mínimos de que hubiese un consenso en las distintas cámaras, ya sea en el Congreso de los Diputados, en el Senado, con un un suficientemente consenso para aprobar una Ley de este calado que no se ha conocido desde la Transición, es decir, nuestros 40 años de democracia", sentencia el abogado consultado.