Condenado a un año de cárcel por abuso sexual el exconcejal socialista Chema Dávila

El exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Chema Dávila, ha sido condenado a un año de cárcel por un delito de abuso sexual contra una exmilitante socialista y extrabajadora del partido. Los hechos juzgados tuvieron lugar hace dos años y medio, antes del cambio legislativo por el que todos los abusos se convirtieron en agresiones sexuales.

La denunciante fue una mujer de 27 años que aseguró haber sufrido tocamientos durante un encuentro entre ambos. La Audiencia Provincial de Madrid le ha dado la razón y ha dictado la citada condena, por debajo, eso sí, de los 18 meses de prisión que solicitaba la Fiscalía. 

Chema Dávila fue concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid entre 2015 y 2019, ahora ya está fuera del PSOE y, en conversación con Europa Press, adelantó que recurrirá una sentencia que además incluye una pena de inhabilitación especial por un periodo de cuatro años y una indemnización a la demandante por un importe de 8.000 euros en concepto de reparación de daños morales.

El exconcejal del Ayuntamiento de Madrid confía que el caso se aclare lo antes posible en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y que "impere el sentido común". Dávila ha negado en todo momento los hechos y apunta a las contradicciones y diferentes versiones de la víctima sobre lo ocurrido.

Archivada la segunda denuncia

Se da la circunstancia de que la denunciante a la que la Audiencia Provincial de Madrid ha dado ahora la razón es la misma persona que denunció al actual diputado socialista en la Asamblea de Madrid, Javier Guardiola, por la presunta comisión de un delito contra la libertad sexual en relación a una supuesta agresión sexual. Sin embargo, ese caso fue archivado esta primavera por la Audiencia Provincial de Madrid.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, por el que los magistrados desestiman el recurso de apelación interpuesto por la víctima contra el auto, del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, que acordó el sobreseimiento provisional de la causa.

Los magistrados exponen que no existe "un testimonio consistente de la denunciante", que no cuenta con corroboración y que no existen datos para poder concluir que tuviera "afectada su capacidad de conocimiento y decisión por la supuesta ingesta de pastillas".

Tras registrarse esta condena absolutoria, la denunciante de ambos casos dejó de trabajar en el Partido Socialista.